CUANDO el presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia, monseñor Jorge Casaretto, convocó a diversos referentes políticos, económicos y sociales para dialogar sobre el agudo desafío de la pobreza que agobia a un 33 por ciento de nuestros compatriotas, lo que en verdad intentó fue relanzar el Diálogo Argentino, que había dado excelentes frutos en plena crisis de 2002. Su meta era promover la publicación de un documento conjunto que, firmado por todas las fuerzas representativas del país, abordaría de frente el gravísimo problema de nuestras carencias sociales. Pero esta vez el proyecto del obispo de San Isidro no llegó a buen puerto, y esto hasta tal punto que su propio autor confesó, una vez que resultó evidente la esterilidad de su esfuerzo, que al concebir su propuesta había pecado de "ingenuidad". A pesar de que ya se había redactado un borrador, el documento conjunto sobre la pobreza de los argentinos, en definitiva, no verá la luz. ¿Fracasó entonces Casaretto?
Sí y no. Quizás era ingenuo suponer que el gobierno actual, que niega pura y simplemente la existencia del problema agudo de la pobreza mediante las estadísticas cada día menos confiables del Indec, y que pretende desconocer además el hecho evidente de que padecemos una inquietante espiral inflacionaria, iba a reconocer públicamente la penosa realidad social que nos rodea.
Pero Casaretto no fracasó, en cambio, no sólo al advertir que la pobreza es, hoy, el problema más acuciante de los argentinos, sino también al reflejar la novedad de algún modo revolucionaria de que tanto la izquierda como la derecha la están denunciando hoy por igual, desbordando así las antiguas fronteras ideológicas entre ellas. Hoy ya nadie niega que, a la vista de que países vecinos como Chile, Brasil y Uruguay están derrotando efectivamente la pobreza, nuestro país quedó a la zaga de las democracias latinoamericanas.
Hay agudos disensos entre los convocados por Casaretto, es cierto, en torno al método que deberíamos seguir los argentinos para combatir la pobreza y a la parte de responsabilidad que le toca a cada uno de ellos, pero estas diferencias no anulan el amplio consenso de fondo sobre el cual se destacan, ya que todos concuerdan en que, a estas alturas de los tiempos, el éxito o el fracaso de los regímenes políticos de nuestra región, sea cual sea su tradición ideológica, se debe medir antes que nada por su capacidad de derrotar la pobreza. Según esta capacidad demuestre ser grande, mínima o nula, así serán juzgados los gobiernos latinoamericanos.
Las dos caras del desarrollo
Una doctrina universalmente aceptada es que el desarrollo consiste en el juego armónico de dos grandes variables. Una de ellas es la distribución , cuyo papel es asegurar que los recursos productivos con los que cuenta una nación lleguen a todos sus habitantes. El documento que habían preparado Casaretto y sus asociados enfatizaba esta variable, ya que ningún desarrollo sería viable si, una vez creados los recursos, ellos quedaran concentrados en favor de minorías privilegiadas. Si la suma de la producción económica de un país se limitara a beneficiar sólo a un sector social, la injusticia resultante marginaría al resto de los frutos del desarrollo.
Pero el documento que se había preparado quizá no enfatizó debidamente que esta suma de los recursos productivos, aun bien repartida, podría resultar insuficiente por reducirse finalmente sólo a un "alfajor" en lugar de una "torta", frente a las necesidades apremiantes de las naciones subdesarrolladas. La doctrina social de la Iglesia, nacida a fines del siglo XIX a partir de la encíclica Rerum Novarum del papa León XIII, además de asentar la justicia social sobre sólidos fundamentos filosóficos, también reflejaba el hecho de
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