Como ya había denunciado la CPM en reiteradas oportunidades, ante los poderes del Estado y múltiples organismos nacionales e internacionales, las políticas punitivas y la emergencia de seguridad decretada en 2014 en la provincia de Buenos Aires, agravaron las condiciones de encierro.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución (nº 2840) en la que reconoce esta grave situación. Lo hizo a partir de la evaluación de diversos informes solicitados al Ejecutivo y sus observaciones están en consonancia con lo señalado desde la CPM. El documento registra el aumento de la población detenida, que llega a más de 34500 personas si se tienen en cuenta las alojadas en cárceles y comisarías.
Los datos surgen de una solicitud de informes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) al poder ejecutivo, para analizar la situación de las personas privadas de libertad que comprende el período entre fines de 2013 y principios de 2015. Las cifras avalan las denuncias que viene realizando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) desde hace años. La situación es alarmante, y no puede escindirse del debate y la dirección de la política criminal y penitenciaria en la Provincia durante los últimos años, donde todas las medidas en materia de seguridad han profundizado el punitivismo en detrimento del respeto por los derechos humanos.
Ante la emergencia de seguridad decretada por el ex gobernador Daniel Scioli en abril de 2014, la CPM presentó informes a los tres poderes del Estado provincial y organismos internacionales, advirtiendo sobre el agravamiento de las condiciones de encierro y el aumento de la violencia policial que representaba esta medida. Además, realizó de manera urgente una acción de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte bonaerense para detener esta decisión y sus efectos, teniendo en cuenta el cuadro de situación que ya era grave antes de la declaración de emergencia. Pero la SCJBA no hizo lugar a este pedido.
Por otro lado, la CPM ya había solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar por el estado de hacinamiento y superpoblación en que se encontraban las comisarías de la provincia de Buenos Aires. El pedido fue aceptado por la CIDH y tomó rápidamente su curso administrativo.
En esta larga trayectoria de antecedentes, informes y denuncias que se desprenden del trabajo que desde el año 2003 realiza la CPM como organismo de monitoreo de lugares de encierro en la Provincia, se inscribe esta reciente resolución judicial de la Suprema Corte.
Los datos
La Corte realizó su evaluación en torno a la situación de comisarías y unidades penitenciarias poniendo el eje en datos como: cupos y cantidad de alojados; porcentajes de procesados y condenados; la sobrepoblación y los Habeas Corpus presentados por las condiciones materiales de cada unidad. También se requirió en cada caso cuántos eran los detenidos cuyas causas tramitaban en la jurisdicción donde estaban alojados.
De lo informado se desprende que la cantidad de detenidos entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 aumentó en un 12% pasando de un total de 30448 personas detenidas a 33437 en 2014. La tendencia continuaba este año en el que se registraban 34604 personas alojadas en instituciones de encierro. En el caso de las comisarías el número se duplicó: mientras en diciembre de 2012 había 931 personas detenidas en seccionales policiales, un año después había 1596 y en 2014, 2170. La situación es aún más grave en el caso de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal: entre la cantidad de detenidos en 2013 y 2014 se registra un aumento del 20%.
El mayor porcentaje de detenciones lo registran los departamentos judiciales del área metropolitana con el 64%; comprenden La Matanza, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro y San Martín. El 36% restante lo suman otros 12 departamentos entre los que La Plata y Mercedes concentran el 50% de ese porcentaje. Sin embargo, sólo el 24% de las plazas penitenciarias tienen sede en el área metropolitana. Es decir que, sólo una tercera parte de la población detenida en esos departamentos judiciales se corresponde con su propia jurisdicción.
Las comisarías preocupan particularmente ya que en abril de 2015 el Ministerio de Seguridad informó que sobre 1060 camas habilitadas había 2175 personas alojadas, o sea una sobrepoblación de un 105%. La corte subraya que muchas presentaciones de Habeas Corpus refieren sobre todo a esta situación centralmente en las departamentales de Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes y San Isidro.
Sobre los casos puntuales de Lomas de Zamora y La Matanza se centró el pedido de la medida cautelar que la CPM realizó ante la CIDH en abril de 2014, luego de haber constatado mediante inspecciones las condiciones de hacinamiento y superpoblación que exponían a las personas allí detenidas a la más extrema vulnerabilidad. Frente a este pedido, la CIDH requirió informes a los poderes del estado provincial que fueron remitidos durante este año y en todos los casos, incluidos aquellos que acercó el poder ejecutivo, avalaron lo denunciado por la CPM.
La SCJBA observa en la resolución que en las Unidades Penitenciarias muchas de las medidas judiciales fueron impugnadas desde la administración, por lo que no se avanza en revertir las malas condiciones que relevan los jueces y organismos de monitoreo. En esas presentaciones se denuncian múltiples hechos que “comprometen la dignidad humana y la integridad personal” así como la falta de acceso a educación y salud.
Del análisis de los datos surge también que este aumento en la cantidad de personas detenidas y la sobrepoblación agrava las condiciones de detención pero no modificó la relación entre los procesados y condenados: sigue siendo mayor la cantidad de presos y presas sin condena, que asciende al 60% de la población privada de su libertad.
En la presentación de su Informe Anual 2015, realizada en el mes junio pasado, la CPM denunció, entre otras cuestiones que atañen directamente a la responsabilidad del poder ejecutivo y a la justicia, el uso sistemático de la prisión preventiva como uno de las herramientas críticas de la política criminal desplegada en la provincia. Los números que hoy muestra la resolución de la SCJBA convalidan los difundidos hace unos meses por la CPM, y exigen una urgente intervención política que permita revertir esta situación que constituye en sí misma, más allá de las consecuencias que genera, un estado de vulneración de derechos. La sobrepoblación y hacinamiento en lugares de encierro, incrementan condiciones inhumanas de alojamiento, constituyéndose en hechos de tortura graves.
Ante este problema, que la SCJBA define como “crónico y complejo”, los ministros de la corte solicitan al poder ejecutivo que se arbitren medidas para resolver la situación de las personas detenidas en comisarías clausuradas e instan a los jueces a no alojar detenidos en esas seccionales policiales. También encuentran en las mesas de trabajo una línea posible para abrir canales de diálogo institucionales y de cooperación entre poderes estatales, y proponen iniciar una primera etapa comenzando por los departamentos de La Matanza, Quilmes y Zarate – Campana. Como modelo retoman la experiencia de la mesa de trabajo que existe en Mar del Plata y que ha conseguido algunas mejoras en el complejo penitenciario de Batán.
Desde la CPM consideraron que “la resolución 2840 de la Suprema Corte es importante por varios motivos. Hay, al menos, 3 puntos que se pueden resaltar y tomar como referencia para generar acciones concretas: es un reconocimiento del colapso del sistema penal en los términos en que fue denunciado por este organismo; indica a los jueces que controlen y eviten detener personas en las comisarías, y señala que se revise el sistema de salud. Además sugiere la creación de mesas de trabajo departamentales”.
En relación con el funcionamiento del sistema de salud, la resolución considera especialmente la auditoría realizada por el equipo del Departamento de Salud Comunitaria e Instituto de Salud Colectiva de la Universidad de Lanús, que arrojó un crítico diagnóstico sobre las prestaciones sanitarias. Esto sumado a la desidia en la atención de la salud integral se traduce en un alto número de muertes por causas evitables.
Estas cuestiones que revela la resolución de la SCJBA en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tienen rasgos comunes con el sistema penitenciario federal, donde estas condiciones y prácticas se extienden. De esta situación en complejos penitenciarios federales da cuenta el Informe Anual 2014 del Registro Nacional de Casos de Tortura que hoy a las 18 hs. se presenta en la sede de la CPM, calle 54 N 487 de la ciudad de la Plata.
