El tema salarial operó como disparador de una crisis más profunda provocada
por el ideologismo e incapacidad de las autoridades del área de Defensa -
factores que los propios suboficiales hicieron extensiva a la
de la República - que por prejuicios políticos y de resentimiento marcaron el
hondo malestar que existe en la totalidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Para algunos observadores, lo que ocurre es comparable a la Operación Dignidad
que en su momento se realizó contra el inicio de la persecución que puso en
marcha el
de Ricardo Alfonsín. Cuando esa actitud militar se diluyó, el aceleramiento del
escarnio contra las estructuras militares avanzó hasta límites
constitucionalmente insostenibles, para culminar con prisiones a oficiales y
suboficiales de todas las Fuerzas, sin excepción.
Esta política también abarca a los sectores civiles pero el caso que hoy
nos ocupa está estrictamente relacionado con otra consecuencia de lo que
sinópticamente hemos descripto: la desactualización de los salarios que se
abonan a todas las jerarquías - para colmo los rebajaron - los cuales pueden
calificarse simplemente de ridículos si no fuera por el contenido ofensivo que
contienen. Los voceros del movimiento que se puso en marcha, destacaron hasta el
cansancio y pusieron por escrito, que no se trata de un proceso político y mucho
menos contrario a la democracia, dato elocuente que dejó a las autoridades
políticas del país sin los habituales argumentos que utilizan para agraviar a
todo lo que representa una estructura que lleve uniforme. Por primera vez, los
políticos de todos los sectores se quedaron sin argumentos para oponerse a la
desplegada por los suboficiales, acción que ha sido tan elocuente que llevó a
que sean sus propias familias las que hicieron elocuentes declaraciones acerca
de los padecimientos económicos que deben enfrentar. Esto último fue ampliado
por quienes actuaron como voceros, al destacar que hoy día deben cumplir
funciones ajenas a sus formaciones y vocación. Así, un representante de la
Gendarmería subrayó que su deber siempre ha sido el de defender y controlar las
fronteras de la República y "no hacer boletas de tránsito" o actividades urbanas
de seguridad con los consiguientes problemas que generan otros, escalonados y no
deseados. Más aún, insistieron en las necesidades logísticas que no son
satisfechas, fenómeno extendido a las ahora incapacidades funcionales de todo lo
que signfica defensa y seguridad del país.
El tema es mucho más profundo de lo que parece. , en vez de renunciar a su cargo relevó a las cúpulas de la
Gendarmería y de la Prefectura, pero la hondura de lo que ocurre se expresó con
la opinión de que esa medida era insuficiente y se redactó el petitorio
ampliatorio cuyo punto central era incrementar los haberes y normalizar la
totalidad de la política administrativa en la materia. Terminaba la tarde de
ayer y la crisis se extendía hacia otras Fuerzas - siempre en las jerarquías de
la suboficialidad - pues se contó con el respaldo de sectores de la Armada
Nacional, con lo que por primera vez se relacionó a los actores de Seguridad con
los estrictamente militares. Para mayor amplitud del original fenómeno que se
registraba institucionalmente, elementos de las Policía Federal y de la
provincia de Buenos Aires se incorporaron o hicieron saber que repaldaban lo que
ocurría. La ,
además de económica, significaba el hartazgo por la adquirida costumbre
persecutoria a la que se ven sometidos y en el caso policial - aunque al cierre
de este artículo no se lo había mencionado expresamente - al hecho reconocido de
que cuando actúan contra delincuentes corren el severo riesgo de caer en la
inversión de los resultados: el delincuente o sale en libertad o recibe penas
débiles comparadas con su peligrosidad, en tanto el policía es tratado como si
él fuese el delincuente. El meollo de este tema, forma parte de la inseguridad
que prevalece en la sociedad argentina, inseguridad impulsada, además, por una
legislación acorde o contribyente a lo que sucede.
Partimos en nuestro comentario de la realidad salarial que sacude a las
estructuras militares, de seguridad y policiales y nos incertamos en la cuestión
moral y del ahogado profesionalismo que agrede a las vocaciones y al
cumplimiento de los deberes impedidos de cumplirse como corresponde. En la
intimidad de lo que ocurre subyace el ánimo persecutorio al que aludimos, a los
ascensos merecidos pero no alcanzados por "portación de apellido" y al
desconocimiento de los méritos y perfomances. El número de policías muertos en
lo que va del año, sólo es comparable con el crecimientos de los asesinatos, los
asaltos y robos y la saña con que son cometidos. En pocas palabras, a la par de
la convocatoria a actuar serena y civilizadamente, la movilización de los
suboficiales sirvió, de hecho, para hacer una radiografía de la situación
argentina que tiene otros componentes. como lo vamos a ver enseguida.
Los políticos, asustados, produjeron un comunicado convocando al
sometimiento de las autoridades competentes, pero la crisis es tan profunda que
nadie le dió importancia a ese documento y en cambio, expontáneamente, surgió la
respuesta que insistía en el estricto cumplimiento de las medidas que se
reclaman y la exigencia de que no se aplicaran medidas administrativas contra
los responsables del pronunciamiento. Hubo propuestas de sectores gremiales y
políticos para sumarse, que fueron rechazadas - sólo se aceptaron aquellas que
tenían conductores militares - y para que no cupieran dudas, la asamblea que se
había formado rechazó abiertamente una declaración del Frente para la Victoria y
desde el primer momento se quitó de la escena a un cabo principal de la
Gendarmería por su pertenencia a La Cámpora. Toda una definición.
Entre tanto, al cierre del día mientras se esperaba en el edificio
Centinela a la nueva cúpula de la Prefectura, se hacía saber que apoyaban a los
oficiales que durante los últimos días trataron de impedir la modificación de
los salarios que fueron reducidos, se ampliaron los reclamos de actualización de
los ingresos a todos los pensionados y se hacían llegar con la identificación
correspondiente, el apoyo de suboficiales de todas las Fuerzas desplegadas en el
interior del país. De hecho, lo que ocurría era bien visto por todas las
jerarquías - en la Gendarmería hubo una excepción que generó una rechifla - y se
insistió en que las Fuerzas de Seguridad rechazaban la obligación impuesta por
el poder político, de cumplir funciones ajenas a su formación. Concretamente, se
hacía referencia a la curiosidad que significa realizar tareas que les
corresponde a las Policías cuya participación en el reclamo confirmaba esta
exigencia. También a la necesidad de que todos contaran con los elementos
necesarios para afrontar los riesgos con las lógicas seguridades técnicas.
Mientras tanto, en la conducción del gobierno se trataba de ocultar la
preocupación por lo que ocurría, pues en los echos se cuestionaba el componente
ideológico que subyacía en los actos del oficialismo aunque se respetaba
totalmente el esquema democrático y constitucional que debe regir al país. La
otra cara de la moneda, por así decirlo, estaba dada por el
de salud de la presidente Cristina W. Fernández, quien debió ser atendida por
sus médicos en la Quinta de Olivos, donde debieron darle tranquilizantes. Esto
se comentaba en determinados niveles que no desconocían que días atrás se había
realizado en Córdoba una reunión de suboficiles - seguramente no sería
desconocida por la superioridad que nunca intervino - que habría sido
preparatoria del reclamo al que más tarde el jefe de Gabinete, Abal Medina,
quizo otorgarle un carácter "destituyente", posición que fue rechazada desde el
primer momento. Internamente, la principal responsable, Nilda Garré, intentaba
zafar del problema sin poder disimular su enfrentamiento con el teniente coronel
Berni, un médico militar que administrativamente es su subordinado pero que
políticamente compiten en autoridad. El desgaste que esto implica forma parte de
la crisis que día a día crece integralmente.
Al respecto podemos citar algunos factores que influyen de manera notable.
Por ejemplo, cuando venza el primer plazo legal para que el siete de diciembre
Clarín inicie un proceso de desinversión, el caso será elevado a la Suprema
Corte de Juticia. Allí, el presidente Lorenzetti ya se habría definido
taxativamente junto con otros tres ministros, a favor del punto de vista legal
de la mencionada empresa periodística. En el campo opuesto y en minoría, están
ubicados Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Haigton de Nolasco. De allí los
fracasados esfuerzos de la Casa Rosada por designar a una juez federal que
favorecería los deseos de Cristina pese al escándalo que esto
significaría.
Concurrentemente, Horacio Verbitsky, un firme asesor del Poder Ejecutivo,
muestra un ánimo alicaído y se pronuncia periodísticamente de manera dubitativa,
posición que abre una gran duda acerca de cual será su comportamiento si
renuncia Garré - francamente desgastada por los sucesivos fracasos en materia de
seguridad pública, con cien designaciones de personal inexistente en su cartera
- si el general Milani debe abandonar los dobles cargos que posee en el Ejército
y los restantes socios que apoyan la política del CELS que es la que rige para
todo el ámbito castrense, se suspende o modifica. Verbitsky parece en retirada o
al menos confuso mientras espera el apoyo de las izquierdas que cobran
mensualmente de las cajas del oficialismo. Entre tanto, al cierre de este
escrito, las exigencias de los suboficiales que vencieron políticamente a Garré
encontraron aliento en el PICEFA (nucela al personal civil de las Fuerzas
Armadas y de Seguridad), se conoce el penoso dato de que el jefe de la
Gendarmería, comandante Esquenone cobra 80 mil pesos mensuales, y para concluir,
digamos que se mantiene el reclamo por un piso de siete mil pesos. El "postre"
está dado por la detención de la Fragata Libertad en el puerto africano de Ganha
por un pedido de embargo de un "fondo buitre" de pocos millones de dólares. Tal
vez esto contribuyó al pedido de retiro del atribulado almirante Paz. En el
fondo, esto refleja otra realidad: a nadie le importa el perdido prestigio de
nuestra ex República Argentina.
Por Carlos Manuel Acuña
