CERROJO PARA EL CONURBANO?

14/10/2016 SEGURIDAD

Conurbano provincia Buenos Aires seguridad fuerzas federales Eugenio Burzaco Cristian Ritondo

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el secretario del área a nivel nacional, Eugenio Burzaco, se reunieron en para coordinar el arribo de las fuerzas federales a municipios del sur del Conurbano a partir del próximo lunes.

El encuentro, que se concretó en la cartera de Seguridad provincial, en La Plata, contó con la presencia de los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de Lanús, Néstor Grindetti¸ de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; y de Quilmes, Martiniano Molina; debido a que serán los primeros distritos en recibir a las fuerzas federales.

“La reunión de hoy fue con los primeros cuatro intendentes de municipios donde el día lunes empezarán a trabajar las fuerzas federales”, explicó Ritondo.

Otros contingentes de fuerzas federales comenzarán a llegar a otros municipios a partir del 31 de octubre, informaron fuentes de la cartera.

“Trabajar juntos siempre es mucho más fácil porque es tener un mapa del delito, comunicarse, saber lo que está pasando y eso nos hace una tarea mucho más fluida” remarcó Ritondo al tiempo que sostuvo que “detrás de cada municipio y detrás de cada uno de nosotros lo que tenemos es gente pidiendo que trabajemos juntos por el tema de la seguridad”, concluyó el Ministro.

Por su parte, Burzaco calificó como “muy buena la reunión de coordinación y cooperación” entre autoridades de la secretaria a su cargo, jefes de las fuerzas federales, provinciales e intendentes.

A su vez, el Secretario de Seguridad de la Nación adelantó que “a partir del lunes los ciudadanos van a empezar a ver la diferencia” y, al igual que el ministro Ritondo, hizo énfasis en “generar una coordinación de los tres niveles de Gobierno: federal, provincial y municipal”.

La Ley penal del menor: Delitos cometidos por menores

La Ley que regula la responsabilidad penal de los menores de edad es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Dicha Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

A partir de los 14 años, nuestro ordenamiento jurídico considera que las personas son imputables, sin embargo, por razones político criminales se considera que no es necesario aplicar las mismas consecuencias jurídicas que para los adultos.

La LORRPM establece una franja de edad, entre los 14 y los 18 años, en la cual se declaran responsables penalmente a los menores, pero se les aplica un régimen jurídico particular

El art. 19 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, fija efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho años y exige la regulación expresa de la Responsabilidad según la ley penal del menor de dicha edad en una Ley independiente.

La Ley penal del menor tampoco puede olvidar el interés propio del perjudicado o víctima del hecho cometido por el menor, estableciendo un procedimiento singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento, en su caso, de daños y perjuicios, dotando de amplias facultades al Juez de Menores para la incorporación a los autos de documentos y testimonios relevantes de la causa

En este ámbito de atención a los intereses y necesidades de las víctimas, la Ley penal del menor introduce el principio en cierto modo revolucionario de la responsabilidad solidaria con el menor responsable de los hechos de sus padres, tutores, acogedores o guardadores, si bien permitiendo la moderación judicial de la misma y recordando expresamente la aplicabilidad en su caso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y c contra la libertad sexual. principal.

Asimismo la Ley regula, para procedimientos por delitos graves cometidos por mayores de dieciséis años, un régimen de intervención del perjudicado en orden a salvaguardar el interés de la víctima en el esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden jurisdiccional competente, sin contaminar el procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.

Esta Ley penal del menor arbitra un amplio derecho de participación a las víctimas ofreciéndoles la oportunidad de intervenir en las actuaciones procesales proponiendo y practicando prueba, formulando conclusiones e interponiendo recursos.

La competencia corresponde a un Juez ordinario, que, con categoría de Magistrado y preferentemente especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos en conflicto.

La posición del Ministerio Fiscal es relevante, en su doble condición de institución que constitucionalmente tiene encomendada la función de promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad, así como de los derechos de los menores, velando por el interés de éstos.

El letrado del menor tiene participación en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoración del interés del menor y a la ejecución de la medida, de la que puede solicitar la modificación.
La adopción de medidas cautelares para los menores de edad que hubieran cometido un delito grave sigue el modelo de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la que debe valorarse especialmente, una vez más, el superior interés del menor.

Conforme a los principios señalados, se establece, inequívocamente, el límite de los catorce años de edad para exigir este tipo deResponsabilidad penal del menor sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian, en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, dos tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo diferencias características que requieren, desde un punto de vista científico y jurídico, un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las personas.

La aplicación de la presente Ley a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, prevista en el art. 69 del Código Penal vigente, podrá ser acordada por el Juez atendiendo a las circunstancias personales y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los efectos de esta Ley, la denominación genérica de «jóvenes».

Mayores de 18 y menores de 21 años

Según lo previsto en el art. 69 cp , al mayor de 18 años y menor de 21 que cometa un hecho delictivo se le podrá aplicar la LORRPM. Sin embargo, el CP no aclara en qué casos y con qué requisitos, sino que se remite expresamente a lo dispuesto en la LORRPM. Ha sido, pues, la LORRPM la que ha fijado ese régimen especial para los mayores de 18 y menores de 21, y así, en su art. 1.2, dispone que «también se aplicará lo dispuesto en esta Ley para los menores a las personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno, en los términos establecidos en el artículo 4 de la misma».

Medidas correctoras a los menores de edad penal 

La LORRPM regula el «ámbito de aplicación» de la misma. El art. 2 regula la competencia de los Jueces de Menores y dispone, en su apart. 1, que «serán competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades Autónomas respecto a la protección y reforma de menores».

El art. 1 se refiere a las «personas mayores de catorce años y menores de dieciocho» (apart. 1) y a las «personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno» (apart. 2). A las primeras se las denomina «menores» y a las segundas «jóvenes» (apart. 4).

Asimismo, los Jueces de Menores son competentes también «para resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable la presente Ley» (art. 2.2 LORRPM).

Medidas susceptible de ser impuestas a los menores de edad.

Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes:

• Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
• Internamiento en régimen semiabierto. Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero realizarán fuera del mismo actividades formativas, educativas, laborales y de ocio.
• Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo.
• Internamiento terapéutico. En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
• Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias.
• Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio.
• Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez.
• Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida a la medida también queda obligada a mantener con dicho profesional las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes:

1. Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente, si el interesado está en el período de la enseñanza básica obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.
2. Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u otros similares.
3. Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
4. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
5. Obligación de residir en un lugar determinado.
6. Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
7. Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.

• Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para orientar a aquélla en su proceso de socialización.
• Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad. Se buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor.
• Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social.
• Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro.
• Privación del permiso de conducir ciclomotores a vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente.
• Inhabilitación absoluta. De conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta, la medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la medida.

Las medidas de internamiento constarán de dos períodos: el primero se llevará a cabo en el centro correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el apartado anterior de este artículo, el segundo se llevará a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad elegida por el Juez. La duración total no excederá del tiempo que se expresa en el art. 9. El equipo técnico deberá informar respecto del contenido de ambos períodos, y el Juez expresará la duración de cada uno en la sentencia.

Prescripción de los hechos delictivos cometidos por menores de edad penal.

1. Los hechos delictivos cometidos por los menores prescriben:
   1. A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años.
   2. A los tres años, cuando se trate de cualquier otro delito grave.
   3. Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
   4. A los tres meses, cuando se trate de una falta.
2. Las medidas que tengan un plazo superior a los dos años prescribirán a los tres años. Las restantes medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación, las prestaciones en beneficio de la comunidad y el arresto con tareas de fin de semana, que prescribirán al año.
3. Los hechos delictivos cometidos por mayores de dieciocho años y menores de veintiuno prescribirán con arreglo a las normas contenidas en el Código Penal.

Incoación del expediente a los menores de edad

Ministerio Fiscal

la instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el art. 1 de esta Ley.
1. Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados en el apartado anterior, presuntamente cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiará las piezas, documentos y efectos que le hayan sido remitidos, y practicará, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho y de la Responsabilidad penal del menor en su comisión, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan autor conocido. La resolución recaída sobre la denuncia deberá notificarse a quienes hubieran formulado la misma.
2. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al Juez de Menores quien iniciará las diligencias de trámite correspondientes.
3. El Juez de Menores abrirá al propio tiempo la pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitará conforme a lo establecido en las reglas del art. 64 de esta Ley.
4. Cuando los hechos mencionados en el art. 1 hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores de edad penal y por personas de las edades indicadas en el mismo art. 1 y en el 4 de esta Ley, en sus respectivos casos, el Juez de Instrucción competente para el conocimiento de la causa, tan pronto como compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará remitir testimonio de los particulares precisos al Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2 de este artículo.

Detención de los menores de edad

1. Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de la custodia a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará a las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.
2. Toda declaración del detenido, se llevará a cabo en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho o de derecho-, salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos últimos la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente.
3. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.
4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el art. 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez de Menores.
5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el art. 28.
6. El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor será el Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad, si no constare, el del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido.

Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea instado por el propio menor, la fuerza pública responsable de la detención lo notificará inmediatamente al Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento conforme a la ley orgánica reguladora.

La incoación del expediente al menor de edad penal

1. Desde el mismo momento de la incoación del expediente, el menor tendrá derecho a:
   • Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de policía de los derechos que le asisten.
   • Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración.
   • Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y en el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica de diligencias.
   • Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente.
   • La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, con la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de Menores autoriza su presencia.
   • La asistencia de los servicios del equipo técnico adscrito al Juzgado de Menores.
2. El expediente será notificado al menor desde el momento mismo de su incoación, a salvo lo dispuesto en el art. 24. A tal fin, el Secretario del Juzgado de Menores, una vez recibido del Ministerio Fiscal el parte de incoación del expediente, requerirá al menor y a sus representantes legales para que designen letrado en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, aquél le será nombrado al menor de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados.
3. Igualmente, el Ministerio Fiscal notificará a quien aparezca como perjudicado, desde el momento en que así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan corresponder, personándose ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil que se tramitará por el mismo.

La conclusión de la instrucción

Remisión del expediente al Juez de Menores

Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándosela al letrado del menor, y remitirá al Juzgado de Menores el expediente, junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, y la proposición de alguna medida de las previstas en esta Ley con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen.

En el mismo acto propondrá el Ministerio Fiscal la prueba de que intente valerse para la defensa de su pretensión procesal.

Asimismo, podrá proponer el Ministerio Fiscal la participación en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas.

El Ministerio Fiscal podrá también solicitar del Juez de Menores el sobreseimiento de las actuaciones por alguno de los motivos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como la remisión de los particulares necesarios a la entidad pública de protección de menores en su caso.

La competencia se determina en función del «lugar donde se haya cometido el hecho delictivo» (art. 2.3 LORRPM). No obstante, en el caso de que sean varios los delitos imputados y éstos hubieran sido cometidos en diferentes territorios, la competencia se determinará en función del «lugar del domicilio del menor y, subsidiariamente», según los criterios expresados en el art. 18 LECr (art. 20.3 LORRPM).

La sentencia en los juicios con menores

Plazo para dictar sentencia

Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará sentencia sobre los hechos sometidos a debate en un plazo máximo de cinco días.

Especialización de Jueces, Fiscales y abogados

El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias respectivas, procederán a la formación de miembros de la Carrera Judicial y Fiscal especialistas en materia de Menores con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente. Dichos especialistas tendrán preferencia para desempeñar los correspondientes cargos en las Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y en los Juzgados y Fiscalías de Menores, conforme a lo que establezcan las leyes y reglamentos.

En todas las Fiscalías existirá una Sección de Menores compuesta por miembros de la Carrera Fiscal, especialistas, con las dotaciones de funcionarios administrativos que sean necesarios, según se determine reglamentariamente.

El Consejo General de la Abogacía deberá adoptar las disposiciones oportunas para que en los Colegios en los que resulte necesario se impartan cursos homologados para la formación de aquellos letrados que deseen adquirir la especialización en materia de menores a fin de intervenir ante los órganos de esta Jurisdicción.

Responsabilidad civil por delitos cometidos por menores

La LORRPM ha previsto, como una de las novedades más destacadas del Derecho penal de menores, en su Tít. VIII (arts. 61 ss.), una regulación de la «responsabilidad civil»47.

El cambio que ha supuesto con respecto a la anterior regulación ha sido doble. Por un lado, ha atribuido competencia a los Jueces de Menores también para «resolver sobre las responsabilidades civiles derivadas de los hechos cometidos por las personas a las que resulta aplicable» la LORRPM (art. 2.2 LORRPM).

Por otro lado, y a diferencia de lo que sucede en el Derecho penal de adultos , ha introducido el principio de responsabilidad solidaria del menor con los padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho.

La LORRPM establece un régimen de responsabilidad solidaria del menor y sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Pero es que además, la responsabilidad solidaria de los padres, tutores, acogedores y guardadores es objetiva, es decir, es exigible, a diferencia de las normas del CP y del CC, aunque no medie dolo o negligencia por su parte. No obstante, en estos casos, el Juez podrá moderar su responsabilidad, pero no excluirla (art. 63.3 LORRPM).

El régimen de responsabilidad civil previsto en la LORRPM se aplica sólo a los mayores de 14 años y menores de 18, pues, aunque, en principio estuviese prevista la posibilidad de aplicación de la LORRPM a los mayores de 18 y menores de 21, sin embargo, el art. 61.3 LORRPM lo limita expresamente a los menores de 18. Los mayores de 18 se regirán por las disposiciones comunes de los arts. 109 ss. CP .

En cuanto a los menores de 14 años, aunque encajarían en el tenor literal del art. 61.3 LORRPM, que sólo se refiere al menor de 18 años, sin embargo, el art. 3 LORRPM establece que «al menor de catorce años no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley». A estos se les aplicará el régimen previsto en el CC.

Programa de nominación de líneas para prevenir el robo de celulares

El objetivo es romper con el circuito asociado a este delito y combatir la utilización de líneas móviles prepagas con identidades falsas.

A través de la Resolución Conjunta 6 - E/2016 del Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Seguridad se instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que en un plazo de quince días se identifiquen las líneas prepagas recientemente adquiridas. A partir de esto, se creará un Registro de Identidad de Usuarios del Servicio de Comunicaciones Móviles.

Actualmente, se pueden adquirir lo que se conoce como “chips prepagos activados”, los cuales están registrados en las compañías de telefonía con identidades que no son las reales respecto a quien efectivamente utiliza la línea. Son identidades ficticias que inhabilitan a los usuarios a poder realizar gestiones en sus servicios. Con este procedimiento confirmación de identidad, que resguarda la seguridad de los clientes así como sus datos, se podrá validar a los usuarios titulares de las líneas contribuyendo a mantener la seguridad y legalidad del servicio móvil.

Este proceso de Nominatividad y validación de identidad de los usuarios de líneas móviles estará activo en 90 días y se planifica que finalice en un período de alrededor de 18 meses logrando el registro y verificación de un total de 30 millones de líneas. Con este programa se espera lograr la disminución del robo de celulares y que las tarjetas SIM no estén registradas bajo identidades falsas.

La tarea de nominar las líneas estará a cargo de las empresas móviles quienes deberán desarrollar, operar y administrar los sistemas a implementar. Además, se creará una Comisión Conjunta de Seguimiento de Implementación que se encargará de verificar el cumplimiento de la resolución. La misma estará integrada por seis miembros, tres de los cuales serán propuestos por cada compañía de telefonía.

Esta iniciativa se enmarca en la reciente campaña de Enacom para reducir el robo de celulares a través  de la posibilidad de acceder a la verificación del IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) en http://www.enacom.gob.ar/imei. Este servicio permite el acceso a datos de IMEI de aparatos perdidos y robados con el fin de asistir en la detección y prevención de robo y fraude de dispositivos móviles

 

SERCVICIO MILITAR SI O NO?

Hay dos propuestas diferentes sobre el Servicio Militar Obligatorio.

Una de ellas no es un servicio militar propiamente dicho, sino un Servicio Comunitario Obligatorio que apunta a los jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ni-ni) y fue propuesto por el polémico diputado nacional por Salta Alfredo Olmedo.

La otra propuesta es una convocatoria de firmas en Change.org iniciada por el señor Jorge Martínez y que propone que directamente vuelva el servicio militar obligatorio.

Examinemos los argumentos de estas dos propuestas.

El proyecto de Olmedo apunta a los jóvenes que no estudian ni trabajan, y sería de 6 meses de duración y estaría dirigido por civiles, no por militares. Según Olmedo "los jóvenes cobrarían un sueldo por pintar hospitales, escuelas o por realizar distintas tareas. Duraría como máximo 6 meses y con ello se recuperarían valores que se perdieron dentro de la sociedad".

Olmedo sostuvo que lo que busca con este proyecto es la inserción en la sociedad de los jóvenes sin recursos o delincuentes. Este proyecto tiene una debilidad conceptual manifiesta, y es que no es obligatorio para todo un conjunto de la sociedad, sino para algunos (los llamados ni-ni) con lo cual abre un ancho margen de criterios según los cuales hacer este Servicio Comunitario Obligatorio sería para un determinado conjunto de un grupo poblacional. Esto es: no todos los jóvenes tendrían la obligación de hacer este servicio, sino los que están fuera de los sistemas educativo y/o laboral.

Desde el punto de vista sociológico, este sistema no parece propicio a generar futuros lazos entre diferentes clases sociales, sino más bien, a sectorizar aún más a una franja etaria de la población. 

El otro proyecto, el del ciudadano Jorge Martínez, sostiene:

"El objetivo de reimplantar el mismo, seria, volver a lograr una convivencia en PAZ, entre los JOVENES de distintos sectores SOCIALES, que componen nuestra querida ARGENTINA. En mi barrio, de chico, jugábamos al fútbol, morochos, blancos, ricos, pobres, y en la colimba durante 1 año, todos estos sectores sociales, vestimos igual, comimos lo mismo, sufrimos, extrañamos , reímos, y lloramos, mil anedoctas para contar que recordaremos hasta nuestro último día de vida, todo esto, sin importar raza, posición social ni económica, eramos todos CAMARADAS, eramos todos COLIMBAS.

Cuando nos dieron la baja, nos estrechamos en un fuerte abrazo, con lagrimas en los ojos, quizás sabiendo que en muchos casos no nos veriamos nunca más. Hoy los jóvenes de distintas clases sociales, no tienen contacto entre sí, y en muchos casos, hay odio social y racial, de arriba hacia abajo, y de abajo hacia arriba, los llamados chetos, contra los llamados guachiturros, guachiturros contra chetos, morochos contra blancos, blancos contra morochos, se han formado tribus, estamos tomando lo PEOR DE LATINOAMÉRICA, estamos cayendo en una violenta XENOFOBIA (la fobia hacia los grupos étnicos diferentes o hacia a las personas cuya fisonomía social, cultural y política se desconoce)., y en el RACISMO más extremo.

La vuelta del Servicio Militar Obligatorio, tendría como objetivo, fomentar la camaradería, la solidaridad, el compañerismo, la amistad, tender puentes, entre las distintas clases y etnias sociales y culturales, lograr una mixtura socio/cultural."

Argentina, junto a Ecuador y Venezuela, es uno de los tres países sin Servicio Militar Obligatorio de América Latina. Es tristemente cierto que el servicio militar, apodado por los mismos regentes castrenses 'Colimba' (Corre - Limpia - Barre) dejó de ser obligatorio en nuestro país luego de la repercusión del Caso Carrasco, y en 1994 bajo un decreto emitido por Menem, quedó suspendido hasta el presente.

Sin entrar en la vieja y tosca discusión del grado de fascismo, de extrema derecha, que supondría la reimplantación de un servicio militar obligatorio, hay que preguntarse si realmente es necesario que el Estado promueva algún tipo de programa coercitivo sobre una franja de la población que, ciertamente está educándose de un modo incierto en inciertas esquinas, en asociaciones delictivas, en una tradición de 'salir de caño', de 'ganar o perder' en escruches y atracos. ¿Esa franja poblacional es susceptible de ser recuperada en saluble ciudadanía? Y si lo es ¿es el servicio militar obligatorio el recurso adecuado para que se produzca esa recuperación?

Uno de los argumentos a favor del servicio militar es el de la cohesión social que propone el ciudadano Martínez en su petición en Change.org, y su fundamentación radica quizás en lo que en psicología se llama Efecto Pigmalión, y que consiste en el efecto que tiene sobre un sujeto la calidad de expectativa que en él se deposita, y en informar al sujeto de esas expectativas.

El efecto Pigmalión puede ser negativo si las expectativas que se comunican a un sujeto determinado son negativas, como cuando una madre, temerosa de que su hijo se golpee jugando en una plazoleta, inconscientemente le anticipa: "te vas a caer y te vas a ir a la casa llorando" condicionando así la pérdida de equilibrio del vástago y el subsiguiente porrazo.

Del mismo modo, una fe positiva en el sujeto y en su desempeño, genera una respuesta positiva. Este es un argumento que, aplicado a un servicio militar (o social) obligatorio, podría verse traducido en algún tipo de expectativa puesta en la juventud, que por modesta que fuera, es una expectativa y no el abandono y la nadificación que verifica la indiferencia que tuvo el Estado respecto del asunto durante estos últimos veinte años.

Una variante del proyecto cambia el carácter militar del servicio por una educación de oficios obligatoria. Esto consistiría en un año obligatorio de aprender un oficio (carpintería, albañilería, electricidad, herrería, etc) bajo el sistema de pupilaje que acostumbraba el antiguo Servicio Militar, y no es mala. Pero tiene la dificultad de cómo generar políticas interdisciplinarias entre los ámbitos educativo y castrense.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los beneficios socioculturales de toda sociedad están regidos por políticas de estado y no sólo por la viscosa e indefinida ayuda de la suerte o el azar. Es cierto que ningún pibe nace chorro, pero no menos verdadero es que ningún ciudadano se construye sin educación, y esta última, en tanto dependa del Estado, siempre será coercitiva, por aquello que entendió Weber cuando definió al Estado como el monopolio de la violencia. 

Usted, ¿qué opina?

@Cesario