Casi la mitad de los varones adolescentes reconoció drogarse todas las semanas durante el año pasado

(Infobae)

El silencio oficial estadístico, un clásico triste del kirchnerismo, no le cayó solamente al INDEC: la SEDRONAR, el organismo oficial encargado de tomarle el pulso al consumo y a la venta de drogas, fracasó en producir números actualizados que delinearan la tendencia del consumo de estupefacientes. Sus informes fueron al menos escasos; con frecuencia no había datos vigentes en los cuales respaldarse. Los kilos y toneladas incautados en operativos, los chicos moribundos en guardias de hospital o en busca de rehabilitarse en granjas y centros se volvían, irónicamente, el mejor mapa para entender el problema del consumo en la Argentina durante el gobierno de CFK. En este punto, el Informe Especial sobre el Narcotráfico y las Adicciones elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina  de la Universidad Católica Argentina, presentado este mediodía en el edificio San José de la UCA en Puerto Madero, fue una sorpresa, con un eje en la fragilidad social.

El informe se basó en datos recolectados durante cinco años, desde 2010 a 2015, un período signado por el segundo mandato de Cristina Kirchner, sobre una muestra de 5.683 casos anuales a través de centros urbanos de todo el país bajo la guía del sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio. El documento no habla solo de droga y percepción de venta; habla también de alcoholismo, de búsqueda de ayuda terapéutica, de acción policial. Los informes de la UCA sobre pobreza son al menos valorados: el más reciente indicó que la pobreza trepó al 34% durante el gobierno de Mauricio Macri.

El rector Fernández y el sociólogo Salvia en la presentación del informe este mediodía.

En la presentación, después de contar historias de obispos que veían paquetes de droga caer del cielo en medio del campo luego de ceremonias de confirmación y de consolar madres con hijos adictos en parroquias, monseñor Víctor Fernández, rector de la Universidad Católica Argentina, ensayó un gesto adusto y lanzó:"Los datos numéricos indican que hay que tomar el toro de la realidad por las astas".

De acuerdo con el estudio, los varones de 17 a 20 años reconocieron el mayor consumo: el 46,7% habló de drogarse al menos una vez por semana. Los varones de 21 a 25 acusaron una cifra similar a los adolescentes: 42,6% habló de al menos una vez por semana. Las mujeres adolescentes reconocieron un consumo intensivo mucho menor: solo un 13,7%.

Entonces, ¿qué pasó durante el kirchnerismo a nivel nacional con el consumo de estupefacientes? Durante 2010, a nivel nacional, 30,2% de los hogares urbanos señalaban venta de drogas en sus barrios. Para 2015, el número trepó al 46,8%. Es decir, Cristina Kirchner cerró su segunda presidencia con un aumento de más del 15% en el narcotráfico barrial. Fue un crecimiento escalonado: no mermó de año a año. En territorio porteño, la tendencia aumentó un 6% en el mismo período.

En el conurbano bonaerense, el ascenso fue mucho más fuerte: de 28% a 48%. Hay números peores: la Patagonia pasó de 18,6% en 2010 en los hogares consultados a 47,6% cinco años después. Cuyo fue el único territorio que descendió en valores narco, según el estudio: de 29,4% a 25,7%.

Vigilar y castigar

¿Ayuda la presencia policial? El informe determinó que un patrullero no es un factor determinante para espantar a los transas: durante 2015, los hogares consultados hablaron de un 41,7% de venta en barrios vigilados por efectivos. La cifra no cambia dramáticamente en lugares donde la presencia policial es baja o directamente nula, con un 55,8%.

Entre el mismo segmento de jóvenes consultados de 17 a 25 años en 2015, un 55% señaló que "hay vecinos en su cuadra que venden droga", 62% admitió conocer a alguna persona en el barrio que vende, 50,3% que sabe que entran personas de otros barrios para vender droga, 28,2% admitió que en sus zonas se produce paco y, quizá lo más preocupante y revelador: un 48,9% apuntó que hay bandas en sus barrios que se disputan el territorio a punta de pistola.

Hay indicadores más temibles que indican la desconfianza entre vecinos y policías: en el segmento de jóvenes de 17 a 25 años, un 68,3% arrojó que la policía "conoce y/o participa del narcotráfico" en el barrio, un 27,5% habló de un involucramiento de punteros políticos y otro 51,5% que "es normal" que haya ajustes de cuentas. 48,8%, casi la mitad, afirmó tener un familiar o conocido muerto por participar en actividades ilegales.

En cuanto a adicciones severas en regiones urbanas, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires combinadas registraron la mayor cantidad de situaciones de adicción de drogas: 2,2% de los hogares acusaron familiares con problemas.

Para la bebida, el pico máximo fueron las provincias del NOA: 4,5% de los hogares reconocieron tener miembros alcohólicos. En conjunto para adictos a drogas y alcohol, el récord nacional es para el conurbano bonaerense: 4,2%. De cara a esto, el 57% admitió no haber buscado ayuda profesional ante una adicción severa. Es decir, más de la mitad no buscó tratamiento.

SIN PROTOCOLO ANTIPIQUETES?

A pesar de las promesas, el Gobierno no desalojará las protestas y cortes de calles

La situación social

A poco de asumir, la ministra Bullrich lanzó un protocolo antipiquetes. La Ciudad y la Provincia ya avisaron que no lo aplicarán, a pesar de que se multiplican los bloqueos

Cuatro taxistas se estacionan sobre la avenida Libertador para que la columna que circula por la avenidaCallao pueda avanzar sin respetar los semáforos. Un colectivero intenta superar el improvisado piquete y comienza una fuerte discusión. Dos policías intentan calmarlos ánimos. Ya es tarde: la calle está fue de control. La escena se dio el jueves pasado, cerca de las 10:30 de la mañana, en plena protesta de los taxistas contra Uber. La mala noticia es que volverá a repetirse.

El Gobierno porteño no avanzará con mayor firmeza sobre los cortes de calles, mientras se mantenga el nivel de conflictividad actual. Dicho de otra manera,no aplicará el protocolo antipiquetes, si eso implica el uso de la fuerza, pese al costo político y a la tensión que genera con la Nación. La decisión política ya fue comunicada a las máximas autoridades policiales. “En este momento es menor el costo de dejarlos que sacarlos”, coinciden todas las fuentes consultadas en la Ciudad.

En los últimos días, la Capital se convirtió en el centro de todas las protestas. Hay un promedio de tres piquetes por día. Pese a las promesas de Mauricio Macri en campaña -“la gente está cansada” solía decir – el protocolo contra los cortes solo se aplica en los accesos a la Ciudad y en las rutas nacionales, donde actúan las fuerzas federales. En el Gobierno porteño prefieren postergar su aplicación lo máximo posible. Hay varias causas. El nivel de conflictividad social y la politización de la mayoría de las protestas generan un combo explosivo. “Hay varios grupos en la calle buscando una respuesta”, se sincera un funcionario del ámbito local.

Horacio Rodriguez Larreta comenzó su mandato con otro objetivo. Los acontecimientos y algunos de sus funcionarios lo convencieron que “no es el momento” de controlar las calles. Nadie quiere pagar el costo de semejante decisión. Mucho menos de comunicarla. Las últimas declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien viene insistiendo con que el control de las calles porteñas ya no es su competencia, terminaron de crispar los ánimos. “Se levantó mucho el perfil del protocolo, ahora cada corte en un desafío al Gobierno”, se quejan en territorio porteño. Bullrich llegó a hablar de un lapso de “cinco minutos” de negociaciones, antes de aplicar la fuerza. No son pocos los que le siguen cuestionando con dureza aquella frase. Igualmente, su lugar en el Gabinete, no corre peligro, al menos en el corto plazo. 

La relación de la ministra con el jefe de Gobierno y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo, es buena, en términos personales, pero hay reproches constantes por lo bajo. En el medio, hubo tensión por el traspaso de un sector de la Policía Federal a la Ciudad. Hasta el destino de los perros y los patrulleros de las comisarías fue motivo de cruces entre los funcionarios.

El anuncio de enero se terminó de concretar recién el 5 de mayo. Rodríguez Larreta firmó el acta que acepta el traspaso de un total de 18.227 policías. El listado completo, con los nombres y apellidos, se publicó en el boletín oficial de la PFA generando malestar dentro de la fuerza. ¿El motivo? Se utilizó un orden alfabético, salteando las jerarquías. Un pecado en una institución tan verticalista. Por el “error” se llegó a hablar de una huelga para el 15 de este mes. El episodio marca el nivel de conflictividad que hay en torno del traspaso. La publicación del listado es apenas el primer paso. La liquidación de los sueldos sigue estando en manos del Ministerio de Seguridad, aunque los fondos salen de la Nación y pasan por la Ciudad. Para los próximos meses quedan los temas más conflictivos: la obra social, el régimen de adicionales y el sistema de jubilación. Para avanzar en la unificación de criterios hay un equipo de “corto plazo” y otro de “largo plazo”. Rodríguez Larreta participa activamente de las reuniones.

Ante la ola de críticas, en la Ciudad aseguran que la mayoría de los cortes son multitudinarios, lo que impide el desalojo. Mientras tanto, se conforman con tener presencia policial en todos los cortes, como factor de prevención, y avanzar, en todos los casos, con denuncias judiciales contras los líderes. “Es un camino lento pero va a tener efecto a largo plazo”, se entusiasman.