jueves, 8 de enero de 2015
DESNUTRICIÓN EN ARGENTINA!
Invitado por el Prof. Lucio Traverso y los alumnos del master en Dirección de Empresas EMBA XV, el Dr. Albino valoró el interés del IAE en la problemática de la desnutrición y propuso a los presentes que impulsen desde sus futuras posiciones de liderazgo políticas de estado para prevenir la desnutrición.
miércoles, 7 de enero de 2015
¿Estado negligente o cómplice del crimen organizado?
DIRÍAMOS CÓMPLICE??
El narcotráfico en Latinoamérica tiene diferentes etapas de penetración de acuerdo con el país que analicemos. Colombia, por ejemplo, empieza a salir de una situación de posconflicto y trata de reorganizar su sociedad, aunque para eso en los últimos siete años encarceló a 25 mil miembros de carteles de drogas a partir de la acción del sistema judicial.
En un segundo estadio de confrontación abierta con la criminalidad organizada se encuentran México, que lleva unos 136 mil muertos por el narcotráfico, y Brasil, donde hay una penetración significativa de las organizaciones de tráfico al punto de transformarse en el segundo consumidor mundial de cocaína detrás de Estados Unidos. Si bien viven situaciones distintas en lo político, afrontan un conflicto abierto que no se sabe cómo terminará.
La Argentina, en tanto, se encuentra en un tercer estadio de preconflicto con un escenario embrionario en cuanto al tamaño de las bandas de narcotraficantes que operan en el territorio. Sin embargo, la tendencia de los últimos veinte años es negativa, porque circula mucha más droga (unas 120 toneladas de cocaína por año), aumentó el consumo (2,9% de la población de entre 15 y 64 años lo hace, lo que representa el tercer nivel más alto de América Latina) y hay producción local (es, después de Brasil, el segundo país en el mundo con más laboratorios excepto las naciones productoras). El 67% de los laboratorios descubiertos entre 2000 y 2009 se encontraron en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, si no se toman medidas, la etapa en la que nos encontramos se agotará en pocos años.
El problema más preocupante de la criminalidad organizada es su tendencia a la captura del Estado por parte de estos grupos con gran capacidad de dinero y poder de corromper funcionarios públicos. José Ramón Granero, ex zar antidrogas entre 2004 y 2011, fue procesado por su presunta responsabilidad al autorizar la importación de efedrina que luego era derivada al mercado ilegal de metanfetaminas. Además, existen problemas severos en cuanto al financiamiento ilegal de la política que llegan hasta lo más alto del poder, y cúpulas policiales que fueron desplazadas por sus nexos con el narcotráfico en Córdoba, Santa Fe y en casos de la provincia de Buenos Aires.
Hay una agenda de salida de la penetración del narcotráfico. Por eso es prioritario crear una agencia nacional de investigaciones complejas con competencia primaria en la centralización de información y acciones operativas contra la criminalidad organizada; implementar mecanismos como el de extinción de dominio, que permite la confiscación de los bienes de los narcotraficantes por parte del Estado mientras se sustancian investigaciones de lavado de dinero, que son más lentas; aplicar políticas de contención de la violencia en los barrios afectados por el narcotráfico para impedir que las bandas tomen el control total y se transformen en mini-Estados; poner fin al financiamiento ilegal de la política; combatir el lavado de dinero –sólo cuatro sentencias se dictaron por este delito–, y reformar las fuerzas policiales corrompidas por el narcotráfico.
Hay una agenda de salida de la penetración del narcotráfico. Por eso es prioritario crear una agencia nacional de investigaciones complejas con competencia primaria en la centralización de información y acciones operativas contra la criminalidad organizada; implementar mecanismos como el de extinción de dominio, que permite la confiscación de los bienes de los narcotraficantes por parte del Estado mientras se sustancian investigaciones de lavado de dinero, que son más lentas; aplicar políticas de contención de la violencia en los barrios afectados por el narcotráfico para impedir que las bandas tomen el control total y se transformen en mini-Estados; poner fin al financiamiento ilegal de la política; combatir el lavado de dinero –sólo cuatro sentencias se dictaron por este delito–, y reformar las fuerzas policiales corrompidas por el narcotráfico.
En este contexto, la creación de las policías municipales en la Provincia parece ser una reacción inadecuada. Días atrás, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en medio de la crisis institucional generada por la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, decidió terminar con estas fuerzas, consideradas en muchos casos el primer cordón de seguridad que tenían a sueldo los narcos. Nos encontramos, entonces, copiando las peores medidas de seguridad tomadas por países que, como consecuencia de políticas desacertadas, viven una confrontación abierta contra el narcotráfico. Se avanza en darles más poder a policías con altos niveles de corrupción. Sólo falta saber si esta combinación es resultado de un Estado negligente o cómplice del crimen organizado.
FUENTE http://www.perfil.com/contenidos/2014/12/12/noticia_0064.html
martes, 6 de enero de 2015
LA PROSTITUCION Y TRATA SEXUAL... .DROGA EN ARGENTINA QUE AVANZA! ALGUNAS PROV PARA EJEMPLOS!
Prostitución y trata sexual: ¿a dónde fueron a parar las dos mil mujeres con las que se operaba en la provincia?
En cinco años, Entre Ríos cerró 102 prostíbulos, donde operaban 2 mil mujeres, entre adultas y menores. ¿Qué sucedió con ellas? ¿Y con los proxenetas? ¿Hubo juicios y condenas en el marco de la nueva legislación de trata? De acuerdo a informantes clave, “hoy los prostíbulos mutan en Entre Ríos de la mano del narcotráfico”. La ruta 14 es escenario de trata, las wiskerías se reconvierten a bares y continúan el negocio ligadas a moteles o departamentos privados, se abren prostíbulos clandestinos en varias ciudades, la provincia recibe tráfico interno de chicas de Santa Fe a la par que es fuente de captación de víctimas de trata sexual destinada a otras regiones, y los grandes eventos son un imán para tráfico y trata de menores y mayores.Por Verónica Toller
(especial para ANALISIS DIGITAL)
De 2008 a 2012, los cierres de prostíbulos se llevaron a cabo con apoyo de algunos municipios, que fueron sancionando ordenanzas locales en tal sentido. Tras la sanción de la ley provincial 10.032 y el protocolo de 2012 de tratamiento a la víctima, se trabajó con la herramienta necesaria para dar el golpe de gracia. En 2013 no quedaban más prostíbulos en el territorio provincial. Pero, ¿qué pasó con los viejos locales? ¿Cómo operan hoy los antiguos comercios de sexo, prostíbulos que funcionaban en wiskerías, pubs, cabarets? No hay una única respuesta a esta pregunta. La oscuridad de la calle es ahora el nuevo albergue de la trata sexual. También, la ruta nacional 14, los moteles ligados a bares, las fiestas en el campo. En Concordia, jóvenes, niñas y adolescentes son ofertadas en la vía pública. Pero también operan en bares y en departamentos privados. “Hoy, los prostíbulos mutan de la mano del narcotráfico –dice Silvina Calveyra (Red de Alerta Entre Ríos)-. En 2013 y 2014 hemos hecho denuncias por prostíbulos en Villa Elisa, habilitados como bar, desde donde trasladaban chicas en camionetas a hoteles y departamentos. Lo mismo sucede en Paraná, en Concepción del Uruguay, Concordia y Diamante”.
Para José Zárate, comisario a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, los prostíbulos “quieren reabrir bajo la forma de pubs que facilitan el trato a alternadoras y clientes camuflados, arreglan con el cantinero, salen a un motel cercano… Hemos logrado operativos de clausura y detenciones en conjunto con la Justicia Federal”, sostiene. En las clausuras, encontraron mujeres procedentes de Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. “Hoy, se han desplazado a otros lugares, siguiendo las corrientes de flujo de la trata, la ruta del dinero, van a Buenos Aires, Mendoza, la zona portuaria o al sur, donde los prostíbulos siguen habilitados, y otras hacen negocio en locales privados. Hemos hecho operativos en lugares donde se explota a alternadoras que quedaron en la Costa del Uruguay; los propietarios de los locales fueron puestos en la Justicia”. Por ejemplo, el jubilado de 70 años de Concepción del Uruguay que alquilaba una casa con cinco habitaciones y hacía trabajar allí a cinco mujeres, bajo gran apariencia de normalidad.
Paralelamente, existe un nuevo destino: Paraguay. Según una operadora social anti-trata de Gualeguaychú que pidió reserva de su nombre, mujeres que antes eran explotadas en Entre Ríos fueron llevadas a ese país limítrofe a medida que se cerraban prostíbulos, junto a proxenetas entrerrianos que se trasladaron a operar allá. (Aclaración: hablamos de prostitución, explotación sexual y trata sexual y no es por confusión de términos sino por la lamentable realidad de que las tres realidades se ven permanentemente entrelazadas. Además, en la provincia de Entre Ríos, la prostitución está prohibida por ley, y todo operativo judicial al respecto inicia considerando a las víctimas y a los proxenetas bajo la ley de trata. La instrucción posterior deberá deslindar responsabilidades).
La mafia santafesina que llega por el Túnel
El túnel subfluvial se ha fortalecido en este nuevo escenario como corredor de trata interna. Por un lado, la provincia vecina es el nuevo destino de la prostitución organizada que ya no puede operar en Córdoba y en Entre Ríos, dos provincias que desde 2011 y 2012 tienen legislación abolicionista y prohibicionista.
Por otro lado, el negocio clandestino se da también al revés. En la capital provincial, “el 90/95% de las chicas que ejercen en la calle son de Santa Fe, con lo cual se suma el tráfico interno nacional de mujeres”, apunta Calveyra. La zona de la Terminal de Ómnibus y la Plaza Martín Fierro son escenario de crimen organizado, “e hicimos denuncias al respecto –dice-. Una mujer y su pareja lideraban la zona y cobraban canon a las que traían de Santa Fe para explotarlas en ese lugar”. Según José Zárate, hay también santafesinas en la zona del Parque Industrial.
Algunas tranzas se hacen a plena luz del día: los grandes eventos son utilizados para ello, tal como se destapó en mayo pasado durante las carreras del TC 2000 en Concepción del Uruguay. La banda de tratantes también provenía de Santa Fe y operaba dentro del circuito del autódromo. Llevaban hasta el predio en autos particulares a grupos de 15 o 20 chicas y allí mismo las prostituían. La investigación logró liberar a 17 víctimas, entre ellas, una menor y 3 travestis. En declaraciones a la Policía, la menor manifestó estar en contra de su voluntad y pidió ayuda para salir del circuito. En cuanto a desbaratar a la banda completa, se logró a medias, ya que en noviembre pasado, la policía pampeana realizó idéntico operativo en un evento de Turismo de Carretera en Santa Rosa. Detuvo a 3 hombres y liberó a 11 mujeres. Los detenidos provenían de la provincia de Santa Fe.
Estos eventos son aprovechados asimismo por otra clase de tratantes: los que lucran con menores para mendicidad. También llegan a Paraná desde la provincia vecina y hay siempre un menor atrás que recolecta lo que piden. Y hay menores explotados para revisar bolsas de basura, vender estampitas o chucherías en las calles o en los colectivos de día y de noche… Muchos terminan en manos de la Policía de minoridad, donde la “portación de cara” los revictimiza, los hace siempre sospechosos y los vuelve vulnerables al maltrato verbal.
Ruta 14: prositución, tráfico y trata
Desde hace ya más de una década, los informes anuales sobre tráfico de personas elaborados por la Organización Internacional de Migraciones incluyen a la ruta nacional 14 como foco rojo de operación y de alto riesgo. Su virtud de ser la conexión más directa entre los cuatro países del Mercosur y de unir puntos de comercio y riqueza (movimiento de dinero) la vuelve ideal no solo para el transporte de mercancías (contrabando y narcotráfico) sino también para el traslado de menores, de mujeres, para cargamentos humanos de hacheros y zafreros y para tráfico de migrantes indocumentados.
“Compañeros de la CTA del gremio de camioneros y choferes de colectivo nos informan que la situación en la ruta 14 se ha agravado –suma Calveyra-; en paradores y estaciones de servicio se observan chicas ofreciendo sexo a cambio de dinero”.
De Buenos Aires a Brasil, con pasos fronterizos aledaños a Uruguay y Paraguay, la 14 es ideal para levantar “carga” y para dejarla. A su vez, da proximidad y facilita en tiempo y gastos (todo queda a la mano) algunas tareas que esta faceta del crimen organizado necesita.
Porque la trata de personas es crimen organizado, con alta rotación de personas, enormes réditos y bajo riesgo de sanción (ver Nota 1, “Tratantes de esclavos, hoy, en Argentina”,http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=212993) . Incluso el último foquito rojo perdido en el campo necesita recibir e intercambiar mujeres, y hay quien transporta y quien controla. “Siempre existe una estructura detrás de las redes –dice el comisario José Zárate-. Se encargan de la logística, contactos, traslados, intimidaciones, coordinar todo en tiempo y forma”.
Entre tales tareas está “el período de ablande”. Esto es, un lapso que varía de 3 a 20 días según el caso y necesidad, donde los tratantes doblegan la voluntad de la víctima mediante golpes y violaciones reiteradas, hambre y sed, amenazas, miedo; les muestran quién es su dueño y las consecuencias de negarse a hacer lo que ellos exigen. En todos los países, el sistema criminal de la trata sexual requiere de un período de ablande.
La 14 es apta tanto para trata interna como internacional. Mujeres de Misiones y de Paraguay llegan a distintas ciudades para acogida y ablande, y luego se las deriva a Buenos Aires, Rosario o al sur del país.
En trata internacional anudada al tráfico, la 14 ha sido la vía de ingreso y de tránsito (nota de redacción: desde 2004, en coberturas periodísticas, hemos dado cuenta del tráfico de chinas indocumentadas por esta vía, ingresadas por l triple frontera del norte y custodiadas por emisarios de las tríadas instaladas en nuestro país desde la década del 70). “Más que salir del país, encontrábamos mujeres que ingresaban –dice Zárate-. Dominicanas y paraguayas en Victoria, por ejemplo. Extranjeras en Colón, Nogoyá, Concepción del Uruguay. A varias se les otorgaron visas para que se estabilizaran como ciudadanas argentinas, ya que muchas llegaron engañadas con un futuro laboral inexistente; esas mujeres hoy trabajan en otros rubros como ciudadanas argentinas”.
Las noches del río Uruguay
El tráfico de migrantes chinos y dominicanos por la frontera argentino-uruguaya a la altura de Gualeguaychú, destapado en 2012, es otro de los casos que estalló en la dormida conciencia entrerriana. Una investigación de Interpol Internacional junto a fuerzas de Argentina y Uruguay logró acabar con una mafia que operaba desde hacía tiempo. Fueron detenidos 7 traficantes, entre los que había ciudadanos de nacionalidad china, argentina y uruguaya. Y 16 inmigrantes fueron deportados a su país.
Por esta misma frontera, amparados en la oscuridad de la noche, a bordo de canoas y pequeñas lanchas, en silencio, numerosos coreanos y chinos han sido ingresados al país desde Uruguay. Llegan por el puerto de Montevideo, atraviesan el país sin documentos y cruzan a Argentina en lanchas por fuera de los canales aduaneros, a la altura de Concordia, de Gualeguaychú o de Nueva Palmira (ROU), conducidos por traficantes que los entregan luego a organizaciones de tratantes y van a parar a talleres textiles clandestinos, prostíbulos, establecimientos rurales o supermercados.
Tráfico no es sinónimo de trata, ya que implica la aceptación y pago voluntario por parte de la víctima para ser trasladada e ingresada clandestinamente a través de una frontera, mientras que trata implica engaño y coacción. Pero ambas prácticas delictivas son parientas cercanas, ya que el tráfico suele terminar en trata: los migrantes (indocumentados, pobres y ocultos de la mirada de la Ley) son entregados en muchos a redes de trata, o explotados como sicarios, mulas de narcos y otras encomiendas.
Entre Ríos, zona de captación de víctimas
“Nuestra provincia es ahora zona de captación de víctimas”, asegura María Angélica Pivas, camarista del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, una mujer que desde la Justicia y desde las ONGs viene trabajando desde hace años en contra de la trata y el tráfico de personas. “Nuestra tarea, hoy, es de sensibilización –dice-. Lo que antes era wiskerías y prostíbulos se ha reconvertido a bares, comercios, casas de familia… En algunos de estos bares, la mafia prostibularia intentó seguir operando, pero fueron investigados y cerrados. También, vemos que parte se ha reconvertido al narcomenudeo. Y avanza la captación de víctimas, atraídas con promesas de modelaje, trabajo doméstico, ser promotoras en festivales, o directamente, con secuestro y desaparición”.
En el mismo sentido habla Calveyra: “hay gran demanda de niñas y de jóvenes. Los tratantes vienen acá a pescar chicas, y algunas creen en ellos por factores socio–económicos y paradigmas culturales. Hay sectores de gran vulnerabilidad en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. O citemos en Concordia el caso del locutor Gustavo Alfonzo, el caso Araujo, la desaparición de Rocío Benítez (que reapareció luego de una gran movilización social y en un estado de gran vulnerabilidad). Hemos recibido dos denuncias de menores desaparecidas en Paraná…” Para Pivas, es urgente crear conciencia e informar. “Que las chicas no se dejen atraer por falsas promesas”, pide.
¿Y los tratantes, dónde están?
Existen dos jurisdicciones federales en Entre Ríos: la costa del Paraná, con 7 departamentos, y costa del Uruguay, con 10. En esta última, el juez federal Pablo Seró atiende en Concepción del Uruguay unas 40 causas por trata de personas, a través de la Secretaría de DDHH de su juzgado. La mayoría de ellas son por trata sexual y muy pocas por laboral. Algunas ya han pasado al Tribunal Oral de Paraná, el único federal de la provincia. “En un 90%, el tiempo de instrucción no pasa del año y 7 meses”, dice, en comparación con la lentitud mucho mayor que otras causas de trata tienen en juzgados nacionales y latinoamericanos.
Entre las causas por trata sexual “hay al menos una menor en cada causa”, dice el juez Seró. Y cada expediente tiene un promedio de 4 a 5 víctimas. “Son causas que incluyen formalización del estado de sospecha judicial previa, investigación y finalmente, procedimientos en prostíbulos. Con intervención de distintas fuerzas: policía federal, personal del Programa de Rescate y Asistencia a la Víctima, AFIP y personal del Ministerio de Trabajo. De esta manera, se cubre toda clase de ilícito federal que pudiera ocurrir en el lugar”.
¿Por qué concurre el Ministerio de Trabajo, si la prostitución es un ilícito? “Para hacer una investigación lo más amplia posible –responde el magistrado-. Ver los vínculos con el victimario. Muchas víctimas invocan relación laboral por temor y dicen estar prestando servicios a X persona, atender una barra, etc. Y no están registradas ante ningún organismo, ni el empleador ni la víctima”.
Aunque Seró se niega a dar detalles de ninguna causa, admite que “hemos tenido y tenemos delitos de violación de la Ley de Migraciones con personas explotadas sexualmente. El hecho se tipifica en el marco de dicha ley y también, según el Código Penal, como trata de personas. En concurso ideal, se aplica la pena mayor”. Algunos de estos extranjeros son de origen asiático, otros bolivianos, paraguayos, colombianos. “Algunos, han explotado a sus propios connacionales. Es conocido el modus operandi de los chinos, por ejemplo”, anota. También, argentinos que han hecho uso y explotado a migrantes.
Para Seró, explotar a migrantes indocumentados es trata, y la ley de trata es mucho más severa que la ley de migraciones. Entre otras cosas, impone prisión preventiva. Y no oculta su frustración al decir que “la Cámara Federal revocó un procesamiento que hice por trata en un caso de estos y aplicó solo la ley migratoria, por lo que debí disponer la libertad de los detenidos. Pero mantengo mi criterio de que es trata”.
"Quedan operadores adentro de las fuerzas"
“En Entre Ríos no hay más foquitos rojos –dice un policía que por razones obvias prefiere no dar su nombre-. Pero quedan adentro de la fuerza algunos que fueron absorbidos por la trata, que abandonaron sus ideales. Igualmente, algunos intendentes eran muy facilitadores y pretendían poner más prostíbulos, porque los consideraban atracción turística. Es gente que se recicla pero siempre sigue en el poder”, indicó.
La trata de personas y la explotación de la prostitución están prohibidas en Argentina desde 1913. “Sin embargo, antes de 2008, nos mandaban a controlar esos lugares donde se explotaba a la gente. Era una incongruencia, como sociedad y como personas: controlar qué tal iba la explotación, en definitiva. Ilógico. Vergonzoso a todas luces. Y es lo que sigue sucediendo en muchas provincias argentinas hoy. Esos lugares debían sí o sí cerrarse. Entre Ríos no podía avanzar en un combate cierto contra la trata si no los cerrábamos, porque allí opera la trata”. ...http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=213021
En cinco años, Entre Ríos cerró 102 prostíbulos, donde operaban 2 mil mujeres, entre adultas y menores. ¿Qué sucedió con ellas? ¿Y con los proxenetas? ¿Hubo juicios y condenas en el marco de la nueva legislación de trata? De acuerdo a informantes clave, “hoy los prostíbulos mutan en Entre Ríos de la mano del narcotráfico”. La ruta 14 es escenario de trata, las wiskerías se reconvierten a bares y continúan el negocio ligadas a moteles o departamentos privados, se abren prostíbulos clandestinos en varias ciudades, la provincia recibe tráfico interno de chicas de Santa Fe a la par que es fuente de captación de víctimas de trata sexual destinada a otras regiones, y los grandes eventos son un imán para tráfico y trata de menores y mayores.Por Verónica Toller
(especial para ANALISIS DIGITAL)
De 2008 a 2012, los cierres de prostíbulos se llevaron a cabo con apoyo de algunos municipios, que fueron sancionando ordenanzas locales en tal sentido. Tras la sanción de la ley provincial 10.032 y el protocolo de 2012 de tratamiento a la víctima, se trabajó con la herramienta necesaria para dar el golpe de gracia. En 2013 no quedaban más prostíbulos en el territorio provincial. Pero, ¿qué pasó con los viejos locales? ¿Cómo operan hoy los antiguos comercios de sexo, prostíbulos que funcionaban en wiskerías, pubs, cabarets? No hay una única respuesta a esta pregunta. La oscuridad de la calle es ahora el nuevo albergue de la trata sexual. También, la ruta nacional 14, los moteles ligados a bares, las fiestas en el campo. En Concordia, jóvenes, niñas y adolescentes son ofertadas en la vía pública. Pero también operan en bares y en departamentos privados. “Hoy, los prostíbulos mutan de la mano del narcotráfico –dice Silvina Calveyra (Red de Alerta Entre Ríos)-. En 2013 y 2014 hemos hecho denuncias por prostíbulos en Villa Elisa, habilitados como bar, desde donde trasladaban chicas en camionetas a hoteles y departamentos. Lo mismo sucede en Paraná, en Concepción del Uruguay, Concordia y Diamante”.
Para José Zárate, comisario a cargo de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, los prostíbulos “quieren reabrir bajo la forma de pubs que facilitan el trato a alternadoras y clientes camuflados, arreglan con el cantinero, salen a un motel cercano… Hemos logrado operativos de clausura y detenciones en conjunto con la Justicia Federal”, sostiene. En las clausuras, encontraron mujeres procedentes de Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos. “Hoy, se han desplazado a otros lugares, siguiendo las corrientes de flujo de la trata, la ruta del dinero, van a Buenos Aires, Mendoza, la zona portuaria o al sur, donde los prostíbulos siguen habilitados, y otras hacen negocio en locales privados. Hemos hecho operativos en lugares donde se explota a alternadoras que quedaron en la Costa del Uruguay; los propietarios de los locales fueron puestos en la Justicia”. Por ejemplo, el jubilado de 70 años de Concepción del Uruguay que alquilaba una casa con cinco habitaciones y hacía trabajar allí a cinco mujeres, bajo gran apariencia de normalidad.
Paralelamente, existe un nuevo destino: Paraguay. Según una operadora social anti-trata de Gualeguaychú que pidió reserva de su nombre, mujeres que antes eran explotadas en Entre Ríos fueron llevadas a ese país limítrofe a medida que se cerraban prostíbulos, junto a proxenetas entrerrianos que se trasladaron a operar allá. (Aclaración: hablamos de prostitución, explotación sexual y trata sexual y no es por confusión de términos sino por la lamentable realidad de que las tres realidades se ven permanentemente entrelazadas. Además, en la provincia de Entre Ríos, la prostitución está prohibida por ley, y todo operativo judicial al respecto inicia considerando a las víctimas y a los proxenetas bajo la ley de trata. La instrucción posterior deberá deslindar responsabilidades).
La mafia santafesina que llega por el Túnel
El túnel subfluvial se ha fortalecido en este nuevo escenario como corredor de trata interna. Por un lado, la provincia vecina es el nuevo destino de la prostitución organizada que ya no puede operar en Córdoba y en Entre Ríos, dos provincias que desde 2011 y 2012 tienen legislación abolicionista y prohibicionista.
Por otro lado, el negocio clandestino se da también al revés. En la capital provincial, “el 90/95% de las chicas que ejercen en la calle son de Santa Fe, con lo cual se suma el tráfico interno nacional de mujeres”, apunta Calveyra. La zona de la Terminal de Ómnibus y la Plaza Martín Fierro son escenario de crimen organizado, “e hicimos denuncias al respecto –dice-. Una mujer y su pareja lideraban la zona y cobraban canon a las que traían de Santa Fe para explotarlas en ese lugar”. Según José Zárate, hay también santafesinas en la zona del Parque Industrial.
Algunas tranzas se hacen a plena luz del día: los grandes eventos son utilizados para ello, tal como se destapó en mayo pasado durante las carreras del TC 2000 en Concepción del Uruguay. La banda de tratantes también provenía de Santa Fe y operaba dentro del circuito del autódromo. Llevaban hasta el predio en autos particulares a grupos de 15 o 20 chicas y allí mismo las prostituían. La investigación logró liberar a 17 víctimas, entre ellas, una menor y 3 travestis. En declaraciones a la Policía, la menor manifestó estar en contra de su voluntad y pidió ayuda para salir del circuito. En cuanto a desbaratar a la banda completa, se logró a medias, ya que en noviembre pasado, la policía pampeana realizó idéntico operativo en un evento de Turismo de Carretera en Santa Rosa. Detuvo a 3 hombres y liberó a 11 mujeres. Los detenidos provenían de la provincia de Santa Fe.
Estos eventos son aprovechados asimismo por otra clase de tratantes: los que lucran con menores para mendicidad. También llegan a Paraná desde la provincia vecina y hay siempre un menor atrás que recolecta lo que piden. Y hay menores explotados para revisar bolsas de basura, vender estampitas o chucherías en las calles o en los colectivos de día y de noche… Muchos terminan en manos de la Policía de minoridad, donde la “portación de cara” los revictimiza, los hace siempre sospechosos y los vuelve vulnerables al maltrato verbal.
Ruta 14: prositución, tráfico y trata
Desde hace ya más de una década, los informes anuales sobre tráfico de personas elaborados por la Organización Internacional de Migraciones incluyen a la ruta nacional 14 como foco rojo de operación y de alto riesgo. Su virtud de ser la conexión más directa entre los cuatro países del Mercosur y de unir puntos de comercio y riqueza (movimiento de dinero) la vuelve ideal no solo para el transporte de mercancías (contrabando y narcotráfico) sino también para el traslado de menores, de mujeres, para cargamentos humanos de hacheros y zafreros y para tráfico de migrantes indocumentados.
“Compañeros de la CTA del gremio de camioneros y choferes de colectivo nos informan que la situación en la ruta 14 se ha agravado –suma Calveyra-; en paradores y estaciones de servicio se observan chicas ofreciendo sexo a cambio de dinero”.
De Buenos Aires a Brasil, con pasos fronterizos aledaños a Uruguay y Paraguay, la 14 es ideal para levantar “carga” y para dejarla. A su vez, da proximidad y facilita en tiempo y gastos (todo queda a la mano) algunas tareas que esta faceta del crimen organizado necesita.
Porque la trata de personas es crimen organizado, con alta rotación de personas, enormes réditos y bajo riesgo de sanción (ver Nota 1, “Tratantes de esclavos, hoy, en Argentina”,http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=212993) . Incluso el último foquito rojo perdido en el campo necesita recibir e intercambiar mujeres, y hay quien transporta y quien controla. “Siempre existe una estructura detrás de las redes –dice el comisario José Zárate-. Se encargan de la logística, contactos, traslados, intimidaciones, coordinar todo en tiempo y forma”.
Entre tales tareas está “el período de ablande”. Esto es, un lapso que varía de 3 a 20 días según el caso y necesidad, donde los tratantes doblegan la voluntad de la víctima mediante golpes y violaciones reiteradas, hambre y sed, amenazas, miedo; les muestran quién es su dueño y las consecuencias de negarse a hacer lo que ellos exigen. En todos los países, el sistema criminal de la trata sexual requiere de un período de ablande.
La 14 es apta tanto para trata interna como internacional. Mujeres de Misiones y de Paraguay llegan a distintas ciudades para acogida y ablande, y luego se las deriva a Buenos Aires, Rosario o al sur del país.
En trata internacional anudada al tráfico, la 14 ha sido la vía de ingreso y de tránsito (nota de redacción: desde 2004, en coberturas periodísticas, hemos dado cuenta del tráfico de chinas indocumentadas por esta vía, ingresadas por l triple frontera del norte y custodiadas por emisarios de las tríadas instaladas en nuestro país desde la década del 70). “Más que salir del país, encontrábamos mujeres que ingresaban –dice Zárate-. Dominicanas y paraguayas en Victoria, por ejemplo. Extranjeras en Colón, Nogoyá, Concepción del Uruguay. A varias se les otorgaron visas para que se estabilizaran como ciudadanas argentinas, ya que muchas llegaron engañadas con un futuro laboral inexistente; esas mujeres hoy trabajan en otros rubros como ciudadanas argentinas”.
Las noches del río Uruguay
El tráfico de migrantes chinos y dominicanos por la frontera argentino-uruguaya a la altura de Gualeguaychú, destapado en 2012, es otro de los casos que estalló en la dormida conciencia entrerriana. Una investigación de Interpol Internacional junto a fuerzas de Argentina y Uruguay logró acabar con una mafia que operaba desde hacía tiempo. Fueron detenidos 7 traficantes, entre los que había ciudadanos de nacionalidad china, argentina y uruguaya. Y 16 inmigrantes fueron deportados a su país.
Por esta misma frontera, amparados en la oscuridad de la noche, a bordo de canoas y pequeñas lanchas, en silencio, numerosos coreanos y chinos han sido ingresados al país desde Uruguay. Llegan por el puerto de Montevideo, atraviesan el país sin documentos y cruzan a Argentina en lanchas por fuera de los canales aduaneros, a la altura de Concordia, de Gualeguaychú o de Nueva Palmira (ROU), conducidos por traficantes que los entregan luego a organizaciones de tratantes y van a parar a talleres textiles clandestinos, prostíbulos, establecimientos rurales o supermercados.
Tráfico no es sinónimo de trata, ya que implica la aceptación y pago voluntario por parte de la víctima para ser trasladada e ingresada clandestinamente a través de una frontera, mientras que trata implica engaño y coacción. Pero ambas prácticas delictivas son parientas cercanas, ya que el tráfico suele terminar en trata: los migrantes (indocumentados, pobres y ocultos de la mirada de la Ley) son entregados en muchos a redes de trata, o explotados como sicarios, mulas de narcos y otras encomiendas.
Entre Ríos, zona de captación de víctimas
“Nuestra provincia es ahora zona de captación de víctimas”, asegura María Angélica Pivas, camarista del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, una mujer que desde la Justicia y desde las ONGs viene trabajando desde hace años en contra de la trata y el tráfico de personas. “Nuestra tarea, hoy, es de sensibilización –dice-. Lo que antes era wiskerías y prostíbulos se ha reconvertido a bares, comercios, casas de familia… En algunos de estos bares, la mafia prostibularia intentó seguir operando, pero fueron investigados y cerrados. También, vemos que parte se ha reconvertido al narcomenudeo. Y avanza la captación de víctimas, atraídas con promesas de modelaje, trabajo doméstico, ser promotoras en festivales, o directamente, con secuestro y desaparición”.
En el mismo sentido habla Calveyra: “hay gran demanda de niñas y de jóvenes. Los tratantes vienen acá a pescar chicas, y algunas creen en ellos por factores socio–económicos y paradigmas culturales. Hay sectores de gran vulnerabilidad en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. O citemos en Concordia el caso del locutor Gustavo Alfonzo, el caso Araujo, la desaparición de Rocío Benítez (que reapareció luego de una gran movilización social y en un estado de gran vulnerabilidad). Hemos recibido dos denuncias de menores desaparecidas en Paraná…” Para Pivas, es urgente crear conciencia e informar. “Que las chicas no se dejen atraer por falsas promesas”, pide.
¿Y los tratantes, dónde están?
Existen dos jurisdicciones federales en Entre Ríos: la costa del Paraná, con 7 departamentos, y costa del Uruguay, con 10. En esta última, el juez federal Pablo Seró atiende en Concepción del Uruguay unas 40 causas por trata de personas, a través de la Secretaría de DDHH de su juzgado. La mayoría de ellas son por trata sexual y muy pocas por laboral. Algunas ya han pasado al Tribunal Oral de Paraná, el único federal de la provincia. “En un 90%, el tiempo de instrucción no pasa del año y 7 meses”, dice, en comparación con la lentitud mucho mayor que otras causas de trata tienen en juzgados nacionales y latinoamericanos.
Entre las causas por trata sexual “hay al menos una menor en cada causa”, dice el juez Seró. Y cada expediente tiene un promedio de 4 a 5 víctimas. “Son causas que incluyen formalización del estado de sospecha judicial previa, investigación y finalmente, procedimientos en prostíbulos. Con intervención de distintas fuerzas: policía federal, personal del Programa de Rescate y Asistencia a la Víctima, AFIP y personal del Ministerio de Trabajo. De esta manera, se cubre toda clase de ilícito federal que pudiera ocurrir en el lugar”.
¿Por qué concurre el Ministerio de Trabajo, si la prostitución es un ilícito? “Para hacer una investigación lo más amplia posible –responde el magistrado-. Ver los vínculos con el victimario. Muchas víctimas invocan relación laboral por temor y dicen estar prestando servicios a X persona, atender una barra, etc. Y no están registradas ante ningún organismo, ni el empleador ni la víctima”.
Aunque Seró se niega a dar detalles de ninguna causa, admite que “hemos tenido y tenemos delitos de violación de la Ley de Migraciones con personas explotadas sexualmente. El hecho se tipifica en el marco de dicha ley y también, según el Código Penal, como trata de personas. En concurso ideal, se aplica la pena mayor”. Algunos de estos extranjeros son de origen asiático, otros bolivianos, paraguayos, colombianos. “Algunos, han explotado a sus propios connacionales. Es conocido el modus operandi de los chinos, por ejemplo”, anota. También, argentinos que han hecho uso y explotado a migrantes.
Para Seró, explotar a migrantes indocumentados es trata, y la ley de trata es mucho más severa que la ley de migraciones. Entre otras cosas, impone prisión preventiva. Y no oculta su frustración al decir que “la Cámara Federal revocó un procesamiento que hice por trata en un caso de estos y aplicó solo la ley migratoria, por lo que debí disponer la libertad de los detenidos. Pero mantengo mi criterio de que es trata”.
"Quedan operadores adentro de las fuerzas"
“En Entre Ríos no hay más foquitos rojos –dice un policía que por razones obvias prefiere no dar su nombre-. Pero quedan adentro de la fuerza algunos que fueron absorbidos por la trata, que abandonaron sus ideales. Igualmente, algunos intendentes eran muy facilitadores y pretendían poner más prostíbulos, porque los consideraban atracción turística. Es gente que se recicla pero siempre sigue en el poder”, indicó.
La trata de personas y la explotación de la prostitución están prohibidas en Argentina desde 1913. “Sin embargo, antes de 2008, nos mandaban a controlar esos lugares donde se explotaba a la gente. Era una incongruencia, como sociedad y como personas: controlar qué tal iba la explotación, en definitiva. Ilógico. Vergonzoso a todas luces. Y es lo que sigue sucediendo en muchas provincias argentinas hoy. Esos lugares debían sí o sí cerrarse. Entre Ríos no podía avanzar en un combate cierto contra la trata si no los cerrábamos, porque allí opera la trata”. ...http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=213021
lunes, 5 de enero de 2015
INSEGURIDAD Y LA SALUD PUBLICA!
Radiografía de una salud pública en agonía
El Departamento de Capacitación y la Secretaría Gremial de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud encabezaron un relevamiento para analizar el estado en el que se encuentra la infraestructura edilicia, aparatología, recurso humano y calidad de servicios en hospitales y centros de salud de la provincia. De allí se desprenden aportes que asustan.
Por una cuestión de espacio, en esta nota se tomaron en cuenta sólo algunos efectores. La gran mayoría presenta problemas similares a nivel edilicio, de adquisición de aparatología, compra tardía de insumos o restricción de los mismos por falta de pago, y el factor primordial: carencia de especialistas o remplazo de los mismos a través de residentes.
En algunos centros de salud del Área de Godoy Cruz, los sillones odontológicos no tienen suctores. En el centro de salud 149 no hay farmacéutico, no se distribuyen psicofármacos y no hay clínica médica durante el turno tarde.
En el caso de La Estanzuela, hay conexiones irregulares de gas en la cocina, se caen los azulejos de los consultorios y las cañerías están tapadas. En el Centro de Salud 168, no hay médicos de guardia las 24 horas y los servicios de Psiquiatría, Clínica Médica y Pediatría son cubiertos con residentes de manera temporal.
En el de Los Glaciares hay sólo un baño para los pacientes, eventualmente destruido; no hay rampa ni baño para discapacitados; hay pisos de baldosas fraccionadas, falta de instrumental de odontología. Un solo enfermero queda durante tres tardes hasta las 18, y dos tardes hay un médico ginecólogo.
En el Área Departamental de Junín existe derrame de líquidos cloacales, desperfectos en instalaciones eléctricas y deficiente provisión de gas envasado. Falta de material estéril descartable, de equipamiento para esterilizar. En cuanto a aparatos, faltan tensiómetros pediátricos, balanzas, otoscopios, detectores de latidos fetales, saturómetros digitales, estufas de esterilización de calor seco; y existe déficit en el mantenimiento técnico preventivo y correctivo de electrocardiógrafo, cardiodesfibrilador, ecógrafo, aparatología de laboratorio y ginecología.
En el hospital Lagomaggiore, uno de los centros de referencia más importantes del oeste argentino, hay cables pelados por doquier, cañerías rotas, techos con humedad, y, lo que es más grave, la Maternidad posee una ducha para 27 camas. A esto se suma la ausencia de insumos farmacológicos vitales para la atención de neonatos y una delicada situación de los médicos residentes, quienes aún no cobraban el retroactivo de aumento correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y setiembre.
El hospital Lencinas refleja el más cruel de los olvidos. Prueba de ello es que, según la Organización Panamericana de la Salud, se encuadra en la categoría C, es decir, que presenta un alto índice de vulnerabilidad edilicia. En este sentido, las cloacas desaguan sin filtro en Campo Espejo, lugar en el que se riegan muchas fincas y donde doce años atrás, cuando se realizaron modificaciones edilicias, esto no fue previsto.
OSEP no te cuida. Los afiliados, en los que se incluye a la totalidad de los trabajadores de la salud, peregrinan casi al límite de la impunidad con quienes deberían darles respuestas concretas. Sin duda, uno de los reclamos más salientes es poder acceder al 0800-8101033. Si milagrosamente logra ser atendido, se consiguen turnos hasta seis meses después.
Según la comisión legislativa que investigó el caso OSEP, del organigrama de la obra social que conduce Alberto Recabarren se desprende que hay sobredimensionamiento de la planta directiva, integrada en su totalidad por cargos políticos, no de planta, designados -excepto dos de los vocales- por el Poder Ejecutivo provincial. Los cargos fuera de nivel casi se triplicaron, pasando de 11 a 31. El costo total por remuneraciones asciende a 35 millones de pesos anuales sólo en esta erogación.
El hospital Fleming posee dos quirófanos en condiciones de funcionamiento. La planta de profesionales cuenta con dos cirujanos generales y 50 camas de internación. Sin embargo, sólo se realizan en promedio, 27 cirugías mensuales de baja complejidad y de emergencia, de lunes a jueves, ya que tiene servicio de Anestesiología en guardia pasiva únicamente. El resto de los casos se derivan al hospital Humberto Notti.
Una prueba más del intento de desmantelamiento se explica cuando recientemente directivos de OSEP autorizaron el traslado de un ecógrafo del Fleming al hospital del Carmen. Desvisten un santo para vestir a otro.
¿Quién cuida a los que cuidan?
Las acusaciones del ministro de Salud, Matías Roby, generaron bronca contra los profesionales de la salud en el seno de la sociedad a raíz de la frase “son unos vagos”, en relación a que hay médicos que no cumplían con la totalidad de la carga horaria. Los gremios de la salud se mostraron totalmente de acuerdo con el control que debió haber efectuado siempre el Estado. Asimismo comprobaron que existieron contralores mentirosos a profesionales ante falsos sistemas de marcación horaria y sus consecuentes descuentos.
Este contexto de trabajo hostil que añade a lo expuesto anteriormente la falta acuciante de recurso humano en la totalidad de los efectores, inseguridad en los centros de salud y hospitales, que va desde golpes de puño, puntapiés y desvalorización hacia los trabajadores, plantea un panorama sombrío, exponiendo a todos los profesionales a un maltrato institucional que se pone de manifiesto en la persecución, sobre todo de aquellos que no comparten las ideas del Ejecutivo y de sus ministros. Entonces la pregunta es: ¿quién cuida a los que realmente cuidan y curan?
Merece un párrafo aparte el encuentro “Por la muerte de la salud pública”, en el que profesionales del segundo mejor hospital del país después del Garrahan, el Humberto Notti, entonaron la canción Resistiré. Allí, la licenciada Cristina Martín fue concluyente al expresar que “existe una clara tendencia a la privatización y a la tercerización de la salud, ya que no se remplazan ni forman profesionales cuando se jubilan. Se ha dejado de lado el acceso a concursos y todos estos factores perciben, como fin último, precarizar la salud pública y perjudicar directamente al paciente”.
De este modo, una salud para quienes puedan pagar y otra para quienes no, para nada repercutirá en la sabia máxima atribuida al médico griego Hipócrates, primum non nocere, que se traduce en “lo primero es no hacer daño”. Entendiendo que, como rezaba René Favaloro, “en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado: del de la humanidad”. Éste es el objetivo de lucha de todos los profesionales que desean hacer de la salud pública una verdadera política de Estado.
LOS ANDES
INSEGURIDAD CIUDADANA
Política criminal, tan necesaria como la salud y la educación
Es abogado (UBA). Fue Viceministro de Justicia de la Nación y Juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego. Es profesor titular de Derecho Político de la Universidad del Salvador y miembro de la Red Internacional de Excelencia Jurídica de Brasil.
Hace pocos meses la sociedad tomó conocimiento mediático de un proyecto de Código Penal que al presente no fue enviado al Congreso.
Sin desmedro de la controversia que se desató, en general por la confrontación de posturas político-ideológicas, quedó en evidencia que la ley, cualquiera sea, no es una panacea.
Un Código Penal –que debe regir en todo el país- no puede por sí solo modificar la realidad y mucho menos mejorarl
Así estábamos cuando, de pronto, nos encontramos con un nuevo Código Procesal Penalpara la Justicia Federal que incluye a la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires llamada Nacional. Debe aclararse que, como lo reconoce la Constitución Nacional, cada provincia tiene potestad para dictar un código procesal propio al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene el suyo con relación a un repertorio acotado de delitos y contravenciones que se ha ido incrementando por las sucesivas transferencias que no reconocen un plan rector.
La ley, con un precipitado tratamiento en el Congreso y sin el tiempo necesario para su debate y análisis fue promulgada en diciembre de 2014.
Este nuevo código procesal tiene parentesco con otros códigos provinciales que, con más o menos éxito, han establecido el denominado sistema acusatorio que, en lo básico, confiere la investigación de los presuntos delitos al Ministerio Público Fiscal y define al Juez como garante para la actuación de las partes y la preservación de sus derechos fundamentales.
Cabe destacar que aún no se han dictado las leyes idóneas para apoyar su real implementación y no hay noticia respecto de la necesaria planificación estratégica ni de la imprescindible capacitación para los operadores.
Por tanto, no se trata de discutir sobre las bondades o defectos de un código procesal ofreciendo otras alternativas más o menos ingeniosas, sino de proyectar cómo éste puede eventualmente beneficiar a la sociedad victimizada por un notorio auge delictual.
Para graficar lo expuesto anteriormente y a título de ejemplo, veamos la situación de la Provincia de Santa Fe, que hace poco tiempo ha puesto en vigencia un código procesal de avanzada e inscripto en el modelo acusatorio.
Surge de inmediato la imagen de la histórica ciudad de Rosario hoy notoria por el fenómeno narco-delictivo, las pandillas, los frecuentes homicidios y las demás manifestaciones de violencia que se han ido afirmando y consolidando en los últimos años.
Aún cuando haya modernización del marco legal, sin la adecuada asignación de recursos humanos y materiales junto con la adecuada planificación y estrategia de gestión, será en vano pretender que tenga éxito la referida ley procesal.
El derecho penal, visto como última razón del ordenamiento jurídico, debe conformarse dentro de una política de Estado que no puede depender de una postura teórica principista o de los objetivos coyunturales del gobierno de turno.
En nuestro país no contamos con un proyecto sistemático de política criminal. Las posibilidades individuales de los operadores judiciales, policiales, etc, muchas veces de gran valor, son insuficientes. Hace falta organización, gestión, equipos, tiempo y trabajo constante.
Son incontables las reformas y agregados al Código Penal y, del mismo modo, la profusa normativa de la más variada especie dictada en materia de seguridad pública.
Es por ello que aliento un proyecto, aclaro no siendo taxativo, que debería comprender orgánicamente el Código Penal y el Procesal Penal como pautas rectoras para la conducta de ciudadanos y funcionarios; la atención de la seguridad ciudadana – que no puede aceptar más demora en su planificación y ejecución, porque es un grave problema presente y cotidiano –; una agencia que se ocupe de la criminalidad organizada; el sistema policial y de las otras fuerzas de seguridad; el sistema penitenciario; las agencias de seguimiento de quienes hayan estado involucrados en materia penal; la prevención del delito en general, con especial cuidado en relación a los niños y jóvenes en situación de riesgo; etc.
Así entendida la política criminal se muestra tan esencial como la de la salud o la educación pública.
Tal como ha ido sucediendo en la Argentina, el tratamiento de esta temática se percibe contradictorio y limitado al dictado de variada y abundante legislación expresiva de una ideología –o de otra opuesta al poco tiempo- pero que no ha resultado eficiente para atender la problemática compleja y cambiante del delito.
El incremento de los delitos vinculados con la droga, la criminalidad organizada en relación a ese tema y a otros como la trata de personas, la llamada piratería del asfalto y la violencia expuesta en distintas formas indican la necesidad de un abordaje sistemático y estable.
La preocupación expresada públicamente por el Papa Francisco respecto del narcotráfico y su grave influencia sintetiza la cuestión.
En tanto el Estado se limite al mero dictado de normas jurídicas sin promover la planificación, organización y ejecución de una política criminal, la sociedad y quienes la integran seguirán inermes ante un desarrollo delictivo creciente.
También deberá fomentarse la participación de la sociedad porque cuando se entienda que somos parte protagónica del cambio, el compromiso y la legitimación del mismo pasa a ser fundamental. Trabajar para ello refuerza el Estado de Derecho y proyecta una vida mejor.
Para remarcar que se trata de una asignatura pendiente en la agenda pública, puede recordarse que en abril de 2004 el Gobierno Nacional presentó el denominado “Plan estratégico trienal de Justicia y Seguridad- 2004-2007”.
Sin extenderme ahora en su contenido, parecía una iniciativa importante en la línea que propiciamos y que han adoptado muchos países del mundo, varios de nuestra América Latina.
Lamentablemente, para julio de 2004 el “Plan estratégico…” ya había pasado al olvido.
Con el mero dictado de códigos u otra legislación afín, la política criminal argentina seguirá siendo una ficción válida como entretenimiento pero inútil para afrontar la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
INFOBAE
domingo, 4 de enero de 2015
INSEGURIDAD CIUDADANA Y LA DEMOCRACIA
Impacta la inseguridad sobre la democracia
Siete de cada diez personas en la Argentina afirman que en su barrio hubo un robo en el último año, la cifra más alta de todo el continente. Menos de la mitad del país está satisfecho con el desempeño de la policía y una de cada cuatro personas fue víctima de un crimen, igual que en Venezuela, una proporción que, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, sólo es mayor en Perú y Ecuador.
Ése es el panorama que ofreció sobre la inseguridad en el país el Barómetro de las Américas, que cubre todo el continente, elaborado por el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericano (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad Vanderbilt.
La principal conclusión es que los ciudadanos están más preocupados por el crimen y la inseguridad. La economía es, aún, el principal motivo de inquietud, pero mientras que en 2004 seis de cada diez personas decían que era el principal problema, ahora sólo cuatro de cada diez piensan así. El temor a ataques y robos en casas subió en los últimos dos años.
"América latina tiene un problema muy serio de delincuencia", dijo Mitchell A. Seligson, fundador de Lapop, al presentar los resultados en el Consejo de las Américas días atrás. "Las democracias por las que se trabajó tanto están siendo afectadas por la delincuencia", afirmó Seligson. El Barómetro abarcó 28 países de todo el continente e incluyó a casi 50.000 personas. En cada país se realizaron, como mínimo, 1500 entrevistas cara a cara.
En la Argentina, el 71,8% de las personas encuestadas dijo que alguien sufrió un robo en su barrio en el último año, el nivel más alto del continente. Detrás quedaron República Dominicana, Venezuela, Brasil y Uruguay.
Los investigadores preguntaron a la gente sobre la posibilidad de ser atacados o asaltados en su barrio para conocer lo que llamaron "percepción de inseguridad".
Esa "percepción de inseguridad" empeoró en la Argentina en los últimos dos años. En una escala de 0 a 100, donde 0 significa "muy seguro" y 100 "muy inseguro", el valor promedio se movió hacia el lado de la inseguridad, de 38,9 en 2012 a 46,2 en 2014. En México, por ejemplo, la "percepción de inseguridad" este año fue de 51. Los investigadores encontraron un vínculo entre esa percepción, las preocupaciones por la seguridad y la opinión de la gente sobre las instituciones de cada país, el desempeño de la policía, y la calidad y la solidez de la democracia.
El apoyo a la democracia como sistema de gobierno está fuera de duda, señaló Seligson. Pero el informe ofrece una advertencia: "La legitimidad democrática ha disminuido, en parte debido a la delincuencia, la violencia y la inseguridad que alimentan".
Para medir la calidad de la democracia, los investigadores preguntaron sobre el respaldo al sistema político y la tolerancia política. Con las respuestas, construyeron cuatro campos, para saber si en el país rige una democracia estable, una democracia inestable; democracia en riesgo y estabilidad autoritaria. En la Argentina, el 31,1% dijo que hay una democracia estable y el 18,9% habló de democracia en riesgo.
LA NACION
SOMOS AMERICA LATINA!
Innovación educativa para combatir la inseguridad
La criminalidad afecta negativamente la formación de capital humano
América Latina es una de las regiones más violentas del mundo. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), que todos los años presenta un reporte anual sobre la violencia y el tráfico de drogas, reporta que la región alberga al 8% de la población mundial pero concentra más del 30% de las muertes violentas que suceden en el mundo. La tasa de homicidios latinoamericana —28 muertes cada 100.000 habitantes— contrasta con el 18 por cada 100.000 que registra toda África.
Junto a las tragedias individuales detrás de estos números, los altos niveles de violencia crean una barrera infranqueable para el desarrollo. La inseguridad compromete la creación de capital humano y social, debilitando los esfuerzos para mejorar la educación y la salud y amenazando la inversión. Los datos de la ONU muestran que el impacto acumulativo global de la violencia asciende al 11% del PIB; en América Latina, sólo los homicidios comprometen más del 4% del PIB.
La población carcelaria latinoamericana está en el epicentro de esta crisis. La World Prison Population List (Lista Mundial de Población Carcelaria, en su traducción al español), un proyecto del International Centre for Prison Studies, monitorea la reclusión mundial. Su más reciente reporte revela que, de los 10 millones de presos en el mundo, 1,3 provienen de América Latina —una tasa de 229 reclusos cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio mundial de 144—. Y en las últimas dos décadas, las tasas de reclusión regionales crecieron en un 120% con la intensificación de las luchas antidrogas.
Estos picos de población carcelaria han disparado un interrogante para casi todos los países: ¿cómo mejorar la empleabilidad de los reclusos para que puedan reinsertarse en la fuerza de trabajo? Este desafío, a su vez, dispara otras tantas preguntas acerca de qué programas son más efectivos para reinsertar a los internos en la sociedad, y el rol de la educación formal e informal en este sentido.
La posibilidad de encontrar empleo es un 13% mayor entre presos que participaron en programas educativos
Lo que está claro es que hay enormes beneficios potenciales —tanto para la sociedad como para los tesoros públicos— de la reinserción exitosa de los presos. RAND Corporation, en un importante informe de 2013, reveló que por cada dólar gastado en programas educativos en las cárceles se ahorraron entre cuatro y cinco dólares por la disminución de la reincidencia. En particular, se encontró que la suma de prácticas de educación técnica y vocacional redujeron hasta el 43% la probabilidad que los reclusos volvieran a prisión.
Esto es particularmente prometedor para países como Brasil, Argentina, México y Chile, donde más del 40% de los presos son reincidentes. Expertos en población carcelaria señalan que el enfoque actual se centra en abonarles a los reclusos poco más que un “boleto de autobús y algo de cambio” cuando salen, cuando lo que se necesita es trabajar sobre un esfuerzo integral de reinserción social.
Como indicaron los investigadores de RAND, mejorar el nivel educativo de los reclusos es quizás el modo más efectivo de aumentar sus oportunidades de reinserción exitosa. Dado que muchos, sino la mayoría, no han terminado la enseñanza básica previo a su ingreso a prisión, tienen altas dificultades en encontrar empleos que los motiven a incorporar nuevas habilidades. RAND halló que las posibilidades de encontrar trabajo tras la liberación fue hasta un 13% mayor entre reclusos que participaron en programas educativos carcelarios, frente a las de aquellos que no lo hicieron.
También se encontraron datos interesantes sobre el potencial de las tecnologías educativas, incluidos el “e-learning”, para ampliar el acceso a clases a más convictos tanto durante la reclusión como tras cumplir su condena. En términos de efectividad comparativa, el e-learning puede ser equiparado a métodos más tradicionales: “Los aprendizajes en lectura y matemática entre reclusos expuestos a una instrucción online fueron similares a los de aquellos que fueron entrenados bajo una metodología tradicional (cara a cara)”, argumenta RAND.
Siendo así, la enseñanza en línea tiene una ventaja inigualable: su poder para reducir la estigmatización del preso en el mundo exterior. Ese estigma es uno de los principales obstáculos para que quienes cumplieron sus condenas procuren capacitaciones presenciales. Al permitirles continuar educándose con algún nivel de anonimato, las tasas de retención —y por tanto de graduación— crecen.
Invertir los recursos de manera más inteligente será clave si América Latina desea superar su creciente brecha de capital humano, profundizada por la ola de inseguridad. La región se encuentra atrapada en una espiral negativa de criminalidad que provoca mayor reclusión y peores oportunidades educativas y de empleo. Ambos desafíos deben ser enfrentados al mismo tiempo.
Diego Gorgal es Fullbright Fellow en la Maestría en Políticas Publicas de Georgetown University. Twitter @DGorgal. Gabriel Sánchez Zinny es presidente de Kuepa.com. Twitter @gzinny.