Inseguridad: no es sensación sino realidad
En los últimos tiempos se ha instalado en el país que la inseguridad que expresan los ciudadanos es una percepción falsa de la realidad, y que todo se refiere a una sensación.
Sin embargo, ayer se conoció un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se asevera que Argentina es en promedio el país con más robos de América latina, seguido por México y Brasil. Es decir, la inseguridad es una realidad, aunque así no lo quieren percibir quienes deben adoptar medidas y decisiones para terminar con este flagelo.
Según Naciones Unidas, Argentina tiene una tasa comprobable de 973,3 robos cada cien mil habitantes, y lidera el listado de países inseguros, seguido de México con 688, Brasil con 572,7 y la República Oriental del Uruguay con 456,6 lo siguen. En el continente, los países con menores índices son Paraguay, con 18,2; Panamá con 62 y Guatemala con 67.
Vinculado con este tema, también en muchos sectores ha crecido el debate exigiendo “mano dura” para combatir la delincuencia. En esta materia, Naciones Unidas sostiene que esa clase de política, que implica una fuerte represión policial y penal, “a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad”, es decir, no es una herramienta apropiada para bajar la inseguridad.
El informe sostiene dos situaciones casi paradojales: por un lado reconoce que América Latina experimenta desde hace una década mejoras económicas, pero simultáneamente también vive un aumento incesante de la actividad delictiva. Y esto sucede porque se está en una de las regiones más desiguales del planeta y en consecuencia en una de las zonas más inseguras del mundo.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también sostiene que no hay solución mágica ante la inseguridad ciudadana, pero es indispensable tener una perspectiva de mediano y largo plazo.
Para hacer este informe, Naciones Unidas se valió de seis puntos: el delito callejero; la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción; la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.
Casi como una sugerencia, el informe expresa que se requiere de mayores protecciones a los derechos de tener una vida digna y a la integridad física y material, porque ello constituye la base y el horizonte de la llamada seguridad ciudadana.
Por otro lado, el informe de Naciones Unidas recuerda el concepto de que seguridad ciudadana es un bien público. Y a ese bien público deben tener acceso todos los ciudadanos. He ahí la responsabilidad del Estado.
Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Asamblea Plenaria del Episcopado argentino, advirtieron al gobierno la necesidad de fortalecer las políticas ante el avance incesante del narcotráfico. Se trata de un tema que tendrá solución cuando se le ponga un claro límite a la complicidad y a la corrupción que el propio Estado genera en la materia. La sociedad tiene demasiadas sospechas de que personal de las fuerzas de seguridad, los propios funcionarios de la Justicia, los políticos, y la dirigencia sindical y empresarial muchas veces colaboran de manera activa con estos grupos mafiosos.
Es cierto que prevenir y perseguir el delito es tarea irrenunciable del Estado, pero también es verdad que para consolidar una política pública de corto, mediano y largo alcance se requieren de grandes consensos sociales. Por el momento, el gobierno está fallando en los dos aspectos: en la persecución del delito y en la construcción de dicho consenso. Y esto explica en parte el aumento delictivo que registró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país y que ya lo venían expresando los ciudadanos de a pie.
Según Naciones Unidas, Argentina tiene una tasa comprobable de 973,3 robos cada cien mil habitantes, y lidera el listado de países inseguros, seguido de México con 688, Brasil con 572,7 y la República Oriental del Uruguay con 456,6 lo siguen. En el continente, los países con menores índices son Paraguay, con 18,2; Panamá con 62 y Guatemala con 67.
Vinculado con este tema, también en muchos sectores ha crecido el debate exigiendo “mano dura” para combatir la delincuencia. En esta materia, Naciones Unidas sostiene que esa clase de política, que implica una fuerte represión policial y penal, “a menudo ha coincidido con altos índices de criminalidad”, es decir, no es una herramienta apropiada para bajar la inseguridad.
El informe sostiene dos situaciones casi paradojales: por un lado reconoce que América Latina experimenta desde hace una década mejoras económicas, pero simultáneamente también vive un aumento incesante de la actividad delictiva. Y esto sucede porque se está en una de las regiones más desiguales del planeta y en consecuencia en una de las zonas más inseguras del mundo.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo también sostiene que no hay solución mágica ante la inseguridad ciudadana, pero es indispensable tener una perspectiva de mediano y largo plazo.
Para hacer este informe, Naciones Unidas se valió de seis puntos: el delito callejero; la violencia y el delito ejercido en contra y por los jóvenes; la violencia de género; la corrupción; la violencia por parte de actores estatales y la delincuencia organizada.
Casi como una sugerencia, el informe expresa que se requiere de mayores protecciones a los derechos de tener una vida digna y a la integridad física y material, porque ello constituye la base y el horizonte de la llamada seguridad ciudadana.
Por otro lado, el informe de Naciones Unidas recuerda el concepto de que seguridad ciudadana es un bien público. Y a ese bien público deben tener acceso todos los ciudadanos. He ahí la responsabilidad del Estado.
Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Asamblea Plenaria del Episcopado argentino, advirtieron al gobierno la necesidad de fortalecer las políticas ante el avance incesante del narcotráfico. Se trata de un tema que tendrá solución cuando se le ponga un claro límite a la complicidad y a la corrupción que el propio Estado genera en la materia. La sociedad tiene demasiadas sospechas de que personal de las fuerzas de seguridad, los propios funcionarios de la Justicia, los políticos, y la dirigencia sindical y empresarial muchas veces colaboran de manera activa con estos grupos mafiosos.
Es cierto que prevenir y perseguir el delito es tarea irrenunciable del Estado, pero también es verdad que para consolidar una política pública de corto, mediano y largo alcance se requieren de grandes consensos sociales. Por el momento, el gobierno está fallando en los dos aspectos: en la persecución del delito y en la construcción de dicho consenso. Y esto explica en parte el aumento delictivo que registró el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el país y que ya lo venían expresando los ciudadanos de a pie.
La alerta activada informará a su red de contactos el punto geográfico
exacto donde está el usuario, al mismo tiempo, activará el micrófono y la cámara
de video, de modo que todo lo que ocurra se esté registrando y automáticamente
se sube a la Nube de internet.
.jpg)
