Cuando en una conversación se habla de la violencia el silencio es absoluto. Este problema proviene de muchos fenómenos como el desempleo y las crisis entre otros. Se ha originado un círculo consecutivo que va de la negación de la existencia de los robos, secuestros y demás por parte de las autoridades y por parte de los ciudadanos de forma distinta que va hacia el miedo de ser víctima.
Las autoridades deben ser responsables de todo lo que les corresponde en nuestro país, pero a la vez los ciudadanos somos responsables de permitir lo que no queremos, nosotros debemos de exigir lo que necesitemos, pues para eso está "supuestamente" el gobierno. Si el gobierno no se encarga de sus asuntos entonces la culpa de alguna forma recae en el pueblo porque es el que no debe permitir la situación y es quien debe de poner un límite.
Uno de los pretextos del gobierno es el del presupuesto, que para poder tomar control de la situación se necesita dinero. Según la UNESCO, lo ideal es destinar 4% del PIB a políticas de prevención de delitos y seguridad, pero en México el presupuesto total en este rubro apenas llega a 1% a pesar de que para mejorar la situación de México se necesita más de lo normal.
El Negocio del miedo
La delincuencia de los últimos tiempos ha sido el pan de cada día proliferación de empresas de protección y seguridad privada. Hace unos 15 años había tres o cuatro compañías dedicadas a esta tarea; hoy, son más de 2,000 y se especializan en diversos productos o servicios para seguridad como la fabricación de chalecos antibalas, artefactos para defensa personal, blindaje de automóviles, instalación de alambrados eléctricos o sistemas de rastreo, servicios de vigilancia y guardaespaldas. Sin embargo, el recién creado Consejo Nacional de Seguridad Privada advierte sobre la dudosa seriedad de muchas de estas compañías que aunque parezcan muy formales pueden no serlo y en vez de beneficiar perjudican.
Hasta ahora, solo 70 empresas se han registrado de las cuales acaso 10 son realmente profesionales y serias según el Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Así, el peligro y quien decida ponerse en manos de algún supuesto ángel de la guarda tendrá que asegurarse bien con quien está tratando, para no caer en manos de su propio verdugo.
El precio de la inseguridad
El clima de inseguridad que vive México es algo impresionante: jueces que terminan acusados mientras el presunto delincuente confiesa su deseo de actuar en alguna telenovela; agentes y ex agentes policiacos que encubren o encabezan bandas criminales; secuestradores que huyen de su guarida cinco minutos antes de la llegada de la policía, luego de chantajear a las familias de sus víctimas con tácticas horrorosas.
¿Es una película de terror? No, desgraciadamente: es la historia diaria de millones de mexicanos que han perdido sus bienes y algunos hasta la vida por culpa de estos delincuentes. Ante todo, está también detrás un sentimiento que ha llegado a ser uno de los más costosos para la sociedad: el miedo.
Por temor a que sus planes terminen en el cañón de una pistola, un número indeterminado de proyectos de inversión han sido cancelados o han cambiado el destino. También por temor, innumerables empresas han tomado con cautela sus planes de expansión y gastado fortunas en procurar alguna seguridad –aunque siempre insuficiente– para sus plantas, oficinas, productos y empleados. Por miedo, ciudadanos sin importar su posición económica han tenido que enfrentar cada vez mayores gastos en la compra de protección para sus bienes y para sus familias.
Mientras todo esto sucede, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? Por estos días el gobierno federal ha presentado un programa que busca combatir a la delincuencia, lo menos que esperamos es que este urgente y necesario plan -que sin duda llega bastante tarde- haya considerado al menos un profundo conocimiento con los casos de éxitos de otros países que han disminuido sus índices de criminalidad en tiempos récord. Ahí está, por ejemplo, Estados Unidos y, en particular, Nueva York. y habría que subrayar que lo fundamental es llevar a cabo una reforma integral, de fondo, de todos los aparatos de impartición de justicia. Sobra decir que sólo con salarios dignos podremos contar con policías y jueces confiables.
Esto es obligado, ya que el costo que la sociedad mexicana está pagando no es meramente el precio de la inseguridad, sino el de la impunidad. Hay que recordar y subrayar que según cálculos, el clima de violencia que sacude a México arroja un costo –sin contar lo que se deja de ganar– de $50,000 millones de pesos anuales. En otras palabras, ese monto representa la mitad del presupuesto total de educación en ese mismo año. El costo ya lo estamos pagando, y con creces. Por tanto, esperamos que las distintas fuerzas políticas, en vez de estorbar planes, dediquen sus energías en exigir su cumplimiento.
Cabe recordar que la corrupción en este país ya se ha comido a la legalidad, y cuando en un país ya no existe la legalidad, no hay país que funcione.
